La banca ve peligrar un negocio de 33.700 millones en sicav con las propuestas de PSOE y C's

Después de unos años en los que su número se redujo y su patrimonio menguó como consecuencia de la crisis económica, las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas por su acrónimo sicav, han resurgido entre los millonarios españoles, al calor de la recuperación y de la amnistía fiscal de Montoro. A finales del tercer trimestre habían acumulado 33.663 millones de euros en activos bajo gestión, repartidos entre 3.381 sociedades, con un total de 487.190 accionistas.

Un pastel muy goloso para las grandes entidades financieras españolas (incluida Banca March), que manejan más de la mitad de este patrimonio a través de 1.907 sicav, y que pueden ver peligrar si el PSOE, Ciudadanos y/o Podemos consiguen implantar sus tesis sobre estas firmas de inversión en el próximo parlamento que salga de las urnas.

Durante el último gobierno de Zapatero, la entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, introdujo algunas reformas en el tratamiento fiscal de las sicav, al gravar las reducciones de capital igual que el reparto de plusvalías

Las sicav siempre han sido objeto de polémica por el trato favorable que tienen como sociedades de inversión colectiva, al tributar al 1% en lugar del tipo general del 28%, aunque es el mismo trato que reciben los fondos de inversión, donde numerosos ahorradores invierten también su dinero. El hecho de que se deban aportar al menos 2,4 millones de euros para su constitución y sean necesarios como mínimo cien inversores para ser consideradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como sicav las hace aparecer ante la opinión pública como un vehículo privilegiado de los millonarios, ya que un único accionista puede detentar el 25% del capital de estas sociedades.

La inmensa mayoría de estos vehículos cuentan con una cifra de accionistas muy poco por encima de este requisito legal, lo que levanta sospechas entre los inspectores de Hacienda de que su utilización real no es la inversión colectiva, sino la gestión patrimonial de un accionista mayoritario, quien decide en la práctica la estrategia de la sociedad.

Durante el último gobierno de Zapatero, la entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, introdujo algunas reformas en el tratamiento fiscal de las sicav, al gravar las reducciones de capital igual que el reparto de plusvalías. Las reducciones eran un mecanismo que utilizaban muchas sociedades para escamotear el pago al Fisco y obtener de esta forma un beneficio.

Fue una forma de cambiar su visión sobre estas sociedades, pese a que en el año 2005 los socialistas votaron a favor en el Congreso de los Diputados de una enmienda para arrebatar el control de las sicav a la Agencia Tributaria y pasarlo a manos de la CNMV, institución que se encargó a partir de entonces de decidir cuándo una sociedad de inversión de este tipo incumplía los preceptos para ser considerada como tal. En su momento se habló de una 'amnistía' encubierta ante las más de 200 actas que los inspectores tributarios habían levantado contra sociedades en las que sospechaban que no respetaban los requisitos legales.

Nueva propuesta

En la propuesta que ahora presenta el PSOE se intenta dotar más claramente a las sicav de este elemento de vehículo de inversión colectiva, al establecer un porcentaje de participación máximo para cada inversor, un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y “dotar legalmente a la Agencia Tributaria de competencias para supervisar e inspeccionar las sicav”, según se puede leer en el programa. Ciudadanos, en su plan económico que presentó a principios de año, también recogía una medida similar, pero hablando claramente de arrebatar el control a la CNMV. No en vano el número dos de la lista por Madrid del partido de Albert Rivera, Francisco de la Torre, es un reconocido inspector de Hacienda. Podemos, por su parte, aboga directamente por eliminar la figura de las sicav.

En España tan solo unas cuantas sociedades de este tipo cuentan con un número considerable de accionistas, entre las que se encuentran varias de Banca March; Lierde, vinculada a la familia Alierta; o Brunara, de los Jove

Este carácter de vehículo colectivo es el verdadero caballo de batalla que afrontan las sicav, ya que en España tan solo unas cuantas sociedades de este tipo cuentan con un número considerable de accionistas, entre las que se encuentran varias de Banca March; Lierde, vinculada a la familia Alierta; o Brunara, de los Jove. En teoría, al cotizar en el MAB, están abiertas a cualquier inversor, pero en la práctica pocos inversores ponen su dinero en una sicav si no tienen alguna garantía como que sus dueños sean muy conocidos y, sobre todo, cuenten con una trayectoria de rentabilidad que les avale. Smart Social, la sicav que nació al calor de la red social Unience, tuvo problemas en sus inicios para conseguir sacar adelante el primer proyecto de sociedad de inversión verdaderamente colectiva desde el principio.

Hay quien ha propuesto eliminar directamente la rigidez de los cien inversores mínimos, que en otros países europeos no existe, para acabar con la mala fama de las sicav. Pero el problema es que las entidades financieras han comercializado entre los altos patrimonios la creación de sicav de manera masiva, en muchas ocasiones mediante préstamos vinculados. No todo son ventajas para las sicav, ya que los millonarios se exponen a que todo el mundo conozca el patrimonio que maneja su sociedad y su estrategia de inversión pormenorizadamente, al ser datos que aparecen de forma trimestral en los registros de la CNMV.

Así que el mal uso que se ha realizado de las sicav desde que se creó su figura en los años 80 del pasado siglo y la nula percepción de que eran un vehículo de inversión colectiva y no de gestión privada del patrimonio han propiciado que finalmente puedan tener los días contados tal y como las conocemos hasta ahora.