Los mercados penalizarán ‘apaños’ con las preferentes, que frenen el efecto de los recortes

Las grandes casas de análisis han destacado como cuestión más relevante de Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) el alcance de las pérdidas a los tenedores de participaciones preferentes. Un apartado que no gusta, ya que creen que el Gobierno buscará compensar a los inversores particulares con dinero público. La colocación de estos activos ha sido una de las grandes malas prácticas del sistema bancario español: son un producto claramente para inversores institucionales que ha sido masivamente colocado entre minoristas, lo que pone sobre la mesa un problema de envergadura nacional.

La extensión de las quitas es una cuestión delicada en extremo. El MoU ha elevado el alcance del burden share o reparto de carga (pérdidas), entrando en la posibilidad de quitas a los titulares de preferentes. La aplicación de una quita ha parecido siempre una cuestión que afecta sólo a grandes bancos e inversores internacionales, pero, tal como destacaba ayer Barclays, “el MoU no establece diferencias entre inversor institucional y particular”, añadiendo que “el 60% de los titulares de esta deuda son particulares” (sin tener en cuenta BBVA y Santander). Unos inversores individuales que han sido presa fácil para las redes comerciales, que les colocaron las participaciones preferentes sin explicarles los riesgos de un mercado secundario ilíquido ni de una posible conversión en acciones a precios muy por debajo de la inversión inicial. Por si fuera poco, si las entidades emisoras estaban en pérdidas, pueden no abonar cupón o, si son intervenidas, ni siquiera canjearlas. 

Pérdida total

El dinero del rescate no puede usarse para compensar a estos minoristas y las entidades intervenidas o que se beneficien de dinero de la UE tampoco podrán compensar a estos inversores. Por ello, las pérdidas que afrontan los inversores en las participaciones emitidas por bancos no viables “serán muy amplias; tal vez no recuperarán nada”, según el banco británico.

Esto ha abierto “una cuestión  de sensibilidad política”, que podría facilitar “que los particulares sean compensados a través de otros mecanismos, tal vez un fondo de compensación nacional”, avisan.

En este sentido, conviene recordar que el mes pasado, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo que, a pesar de que el dinero del rescate no puede darse a inversores, “el Estado o las Comunidades Autónomas pueden compensar con sus propios fondos a los titulares de estos activos”.

Peso en los 'spreads'

Una posibilidad que se descuenta en los mercados y presiona al alza los tipos de la deuda. Desde el departamento de tesorería de otra entidad internacional comentan que esta extensión de pérdidas a particulares “es lo más negativo de las imposiciones del MoU” y que “ya está pesando en los spreads” (diferenciales de deuda). Pese a que el Memorando “no debería tener problemas de implantación”, tal como indica Barclays y coincide la otra entidad, la repercusión que puede tener la posible compensación del Ejecutivo a los afectados por las quitas siembra unas incertidumbres que son las que “han frenado el rally (de los bonos) de los últimos días y están provocando que vuelvan a abrirse algo los spreads”.

Ayer, el bono español elevó su rentabilidad hasta el 6,63%, después de haber llegado a caer en días recientes por debajo del 6,50%. No hubo alegría por el ‘recortazo’ de Rajoy. El mercado difícilmente contemplará con buenos ojos que se ajuste  por un lado, pero se compense por otro, sobre todo porque abre un debate muy peligroso, que es el de la compensación a los accionistas de las entidades bancarias intervenidas o con salidas a Bolsa polémicas. Si hay dinero para los inversores en preferentes, ¿por qué no en el de los accionistas, que han comprado también ante la insistencia de la red de oficinas en su mayor parte? 

El mercado exigirá que el inversor particular asuma el mismo rol que el institucional y digiera las pérdidas, aunque sean totales. Si es así, habrá mucha contestación social. Por su lado, si el Gobierno plantea  ayudas públicas, habrá penalización a la deuda. Un escenario de compleja solución.