La mejora salarial del 1% a los funcionarios costará unos 1.000 millones

Buena noticias para los empleados públicos. Sus sueldos subirán finalmente un 1% este año, según confirmó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a los sindicatos este miércoles. La medida, según cálculos de los representantes de los trabajadores, costará unos 1.000 millones a repartir entre el Estado, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos.

La subida tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero, pero no lo hará hasta que los Presupuestos queden definitivamente aprobados por Parlamento. Y eso, previsiblemente, no sucederá hasta el mes de junio. Así que lo más probable es que los funcionarios acaben percibiendo una especie de segunda paga extra en verano con la parte proporcional de la subida correspondiente a los seis primeros meses del año.

A pesar de la mejora, los representantes de los trabajadores no están satisfechos. Ellos querían que el incremento superara al del 2016, sobre todo teniendo en cuenta que el PIB cerró el año con un crecimiento del 3,2% y que la recaudación se ha recuperado considerablemente. De hecho, no tiran la toalla y van a presionar a los grupos para ver si consiguen que el 1% se mejore durante la tramitación parlamentaria del Presupuesto.

A pesar de la subida los empleados públicos perderán poder adquisitivo en 2017 por la subida de precios

Y es que la subida del 1% no impedirá que los trabajadores del sector público pierdan poder adquisitivo a lo largo del ejercicio. ¿Por qué? Porque los precios subirán por encima del 2% en el conjunto del año, según la gran mayoría de los analistas. Los funcionarios se unirán así a otros colectivos que también verán como baja su poder de compra a lo largo del año, como los pensionistas o algunos trabajadores del sector privado.

Pero Montoro les pide paciencia. El ministro les ha dicho que la recaudación seguirá mejorando el año que viene y que entonces llegará el momento de hacer subidas mayores. El Gobierno pretende, si la situación lo permite, que los empleados públicos puedan recuperar la bajada de sueldo del 5% que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010 en dos o tres años.

Lo cierto es que la subida salarial no ha sido la única novedad de esta semana para los empleados públicos. El Gobierno ha llegado a un acuerdo histórico con los sindicatos para reducir la temporalidad de las administraciones en un 90%, lo que supondrá una convocatoria extraordinaria de al menos 250.000 plazas en tres años.

Oferta extraordinaria de empleo

Las cifras aún no se conocen con exactitud porque la oferta no afectará solo a la Administración General del Estado, también a las comunidades y los ayuntamientos. De hecho, los sindicatos van un poco más allá y creen que el compromiso del Gobierno podría implicar incluso la convocatoria de 300.000 plazas.

Y habrá tres sectores que se beneficiarán especialmente de esta medida: la Sanidad, la Educación y la Justicia, que se quedarán con unas 240.000 plazas que actualmente ocupan trabajadores interinos y que pasarán a ser fijas. Aunque suene a mucho, la medida no debería tener efectos en términos de coste porque esos sueldos ya se están pagando hoy en día.

Los interinos podrán optar a estas plazas fijas, pero en ningún caso tendrán garantizado el empleo. Esto significa que un opositor que saque mejor puntuación que el interino en cuestión puede acabar arrebatándole el empleo. En cualquier caso, no se descarta la posibilidad de que se diseñe un sistema de méritos para que los interinos tengan cierta facilidad para mantenerse en sus puestos.

Este mismo viernes se aprobará la convocatoria de plazas urgentes en educación, Guardia Civil y Policía Nacional

Los sindicatos sí están contentos con este acuerdo, aunque esperan que el Gobierno siga dando pasos en el futuro y acabe por eliminar la actual tasa de reposición que limita el rejuvenecimiento de las plantillas de las administraciones. Actualmente, esta tasa está en el 100% para algunos sectores considerados prioritarios, como la sanidad, la educación, la lucha contra el fraude y muchos otros. En el resto baja al 50%.

A partir de esta tasa se convocarán unas 67.000 plazas nuevas en 2017 para el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, además de la oferta extraordinaria de empleo para reducir temporalidad. Y parte de esta oferta verá la luz este mismo viernes vía real decreto para los sectores con necesidades más urgentes como la educación, incluido el ámbito universitario, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En definitiva, los funcionarios están de enhorabuena porque van a ver cómo empiezan a recuperar algunos de los esfuerzos que han hecho estos años de crisis. Más empleo público y de más calidad. Mientras que poco a poco van recuperando sus salarios. Según Montoro, la apuesta por dignificar los servicios públicos va a ser una de las prioridades de esta legislatura.