Deuda

El coste del FLA: ha elevado 140.000 millones la deuda del Estado en 5 años

El 40% de la emisión neta que ha hecho el Tesoro Público en este periodo de tiempo ha sido para financiar este fondo de liquidez, cuya supervivencia será sometida a debate en el marco de la reforma de la financiación autonómica.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. EFE

La supervivienda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) será sin duda uno de los grandes temas de la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere plantear antes de que acabe el año. ¿Hay que mantener el apoyo a las comunidades a través de los mecanismos estatales o hay que volver al mercado? Es la gran pregunta que toca hacerse en estos momentos. 

Según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), la situación actual no parece incomodar a ninguna de las partes. Por un lado, permite al Gobierno mantener un sesgo intervencionista a cambio de liquidez. Y por otro, permite a los gobiernos regionales elegir la alternativa que mejor les conviene cada año en una situación de privilegio que no tiene parangón.

Los inversores tampoco salen mal parados: obtienen una garantía estatal implícita ante escenarios adversos compitiendo por formalizar operaciones que ofrecen un diferencial sobre la deuda del Tesoro. Y los proveedores de las comunidades cobran antes las facturas pendientes gracias a las inyecciones de liquidez para minimizar la deuda comercial.

El 40% de las emisiones

Pero no es oro todo lo que reluce. Es cierto que estos mecanismos de financiación han sido muy útiles y evitaron el fantasma de la suspensión de pagos en más de un gobierno regional, pero también tienen un coste: han supuesto un aumento de la deuda del Estado de unos 140.000 millones en cinco años.

Dicho de otra manera, el 40% de la emisión neta que ha hecho el Tesoro en este periodo de tiempo se ha debido a la financiación del FLA y representa ya un 15% de su saldo vivo. Y aunque la responsabilidad de estos compromisos corresponde, en primera instancia, a las comunidades, lo cierto es que es el Tesoro quien responde ante los mercados y los inversores.

AFI cree que el Tesoro puede verse en problemas cuando el BCE deje de comprar deuda pública

Por eso AFI llega a la conclusión de que el coste de esta política no es neutro. Y, lo que es peor, será mucho menos neutro cuando el Banco Central Europeo (BCE) empiece a reducir las compras de deuda pública y a elevar ligeramente los tipos de interés hasta situarlos en un nivel más propio de una fase de crecimiento económico consolidada, como la actual.

Aunque no lo dice claramente, sugiere que el Tesoro no debería seguir soportando esta carga, como ya lo dijo también Funcas hace no mucho. Sobre todo ahora que parece que las comunidades ya pueden financiarse de forma autónoma en el mercado de capitales. Si lo sigue haciendo, se podrá ver limitado su margen de maniobra si surgen nuevos momentos de vulnerabilidad.

Además, recuerda que el desequilibrio estructural más inminente y preocupante en estos momentos es la Seguridad Social. El Fondo de Reserva no va a durar siempre y es posible que haya que tirar de emisión de deuda para pagar las pagas extra de las pensiones. El Gobierno ya ha dicho en varias ocasiones que está preparado para hacerlo si llega el momento.

La reforma del sistema

Si el Estado obvia toda esta situación y sigue asumiendo una responsabilidad que corresponde a las comunidades autónomas, puede generar incentivos perversos que pueden afectar al cumplimiento del déficit. Y debilitar, además, la credibilidad del país en un momento en el que la deuda pública está lejos de controlarse.

En definitiva, AFI cree que las comunidades no deberían requerir una asistencia permanente del Tesoro no debería seguir financiándolas de esa manera. Eso sí, tiene la obligación de garantizar recursos suficientes a las regiones a través de un modelo de financiación que se fundamente en los principios de suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos.



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