ECONOMÍA

Madrid alimenta la burbuja inmobiliaria con nuevas rebajas fiscales

Desde el 1 de enero la Comunidad ofrece bonificaciones en algunos impuestos para fomentar la compraventa de viviendas

Imagen de archivo
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La Comunidad de Madrid ha empezado el año aplicando rebajas fiscales en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) y en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) con el objetivo de fomentar la compraventa de viviendas, lo que aviva los miedos a una burbuja inmobiliaria, dado el fuerte incremento de precios que se está produciendo en algunas zonas.

En concreto, la comunidad que preside Ángel Garrido ofrece desde el día 1 de enero una bonificación del 10% tanto en el ITP como en el AJD para la adquisición de vivienda habitual que tenga un valor inferior a 250.000 euros.

Para las familias numerosas permite una bonificación del 95% en la tasa sobre los AJD de la compraventa. También existen AJD en la firma de las hipotecas, pero su pago corre ahora a cargo del banco desde que el pasado mes de noviembre el Gobierno lo aprobara en un Consejo de Ministros, tras el polémico cambio de jurisdiprudencia por parte del Tribunal Supremo.

El departamento de comunicación del Gobierno regional explicó a Vozpópuli que la bonificación se establece en el impuesto sobre los AJD de las escrituras de la compraventa, no sobre los de la firma de la hipoteca. 

"El conjunto de medidas recogidas en estos impuestos beneficiará a 41.600 declarantes al año, con un ahorro estimado de 18,79 millones de euros", apunta la Comunidad.

Madrid fomentará así las operaciones de compraventa de viviendas, después de un año en el que ha sido líder en este segmento.

Ya en el año 2017, la Comunidad de Madrid cerró con un volumen de compraventas de viviendas que no se veía desde antes de que estallara la crisis y explotara la burbuja inmobiliaria: hubo 76.297 compraventas en la región, el mejor dato desde hacía una década, y en 2018 esa cifra podría superarse.

Entre enero y octubre del año pasado -el último mes del que hay datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística- se produjeron 69.453 operaciones, siendo el mejor octubre desde 2007, por encima incluso de la cifra del mismo mes del año anterior.

Con datos de octubre, Madrid es junto a Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, líder en el número de operaciones de compraventa de vivienda en España, lo que ha influido directamente en el alza de los precios.

En términos interanuales, la Comunidad de Madrid es la que registró una mayor subida de precios en el tercer trimestre del año, del 10,9%, seguida de Cataluña (9,1% de incremento) y de Baleares (7%). Las dos primeras, junto a Ceuta (+8,9%) y Melilla (+9,3%) se encuentran por encima de la media nacional del 7,2%.

Objetivo elecciones: más guiños fiscales

Las nuevas medidas se incluyen en un amplio paquete de medidas que se han lanzado en año electoral y que afectan también a los impuestos de Sucesiones y Donaciones, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al emprendimiento y la economía social o los gastos de escolaridad, entre otras parcelas.

Destaca entre ellas la bonificación de hasta un 15% en las sucesiones y donaciones entre hermanos, y del 10% entre tíos y sobrinos, que convierte a Madrid en la primera comunidad en bonificar esos grados de parentesco, así como la exención de tributación para las donaciones entre padres e hijos y entre hermanos siempre que no superen la cantidad de 250.000 euros y se destinen a vivienda habitual o inicio de negocio.

Ambas normas beneficiarán a 20.900 declarantes con un ahorro estimado de 38,3 millones este año, según las cifras oficiales.

Se incluye también una rebaja de medio punto en el tipo mínimo del IRPF, que se situará en el 9% a partir de la renta de 2018, con lo que "Madrid se convierte de nuevo en la autonomía con el impuesto sobre la renta más bajo".

Por último, aplican una deducción del 15% en los gastos de escolaridad para niños de hasta 3 años (con límite de 1.000 euros al año) y una nueva deducción del 20% para los costes de dar de alta en la Seguridad Social a un cuidador contratado para niños de menos de 3 años.

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