Economía

López Madrid reclama al juez el fin de la instrucción de Púnica

La instrucción del caso Púnica finaliza este sábado, 6 de junio. El consejero delegado de Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, advierte en un escrito al juez que no es posible modificar el plazo de la instrucción, a pesar del decreto del estado de alarma

El exconsejero de Caja Madrid Francisco Javier López Madrid
El exconsejero de Caja Madrid Francisco Javier López Madrid Javier Lizón

Javier López Madrid, imputado en el caso Púnica, sostiene que el término del plazo de la instrucción está fijado para este sábado 6 de junio, y que no es posible alargarlo aludiendo a la suspensión de plazos procesales decidida durante los peores momentos de la pandemia en España.

El Gobierno aprobó por decreto el pasado mes de abril que los términos y plazos previstos en las leyes procesales suspendidos "volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente".

La Fiscalía General del Estado considera que el plazo de instrucción "será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma", lo que supone en la práctica volver a poner a cero el contador de la instrucción de los casos complejos.

La instrucción de los procedimientos penales no ha quedado en suspenso por el decreto del estado de alarma, recuerda la defensa de López Madrid

Como ha informado este diario, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, en una providencia firmada este mismo lunes, se ha dirigido a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la necesidad o no de extender el plazo fijado de término de la instrucción.

En el escrito presentado el miércoles a última hora por la defensa de López Madrid, el despacho Business & Law, se recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional redujo la ampliación de la instrucción de Púnica a 18 meses, a contar desde el 6 de diciembre de 2018. Y que tal plazo máximo constituye un límite temporal infranqueable en el que las diligencias previas deben concluir, por lo que no cabe prórroga, subraya.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé la suspensión de los plazos procesales, que, recuerda la defensa de López Madrid, son aquellos referidos a los actos o trámites que se realizan en el seno del procedimiento.

Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentes de la Comunidad de Madrid, están imputados en Púnica

El bufete que representa al consejero delegado de Grupo Villar Mir afirma que el contenido de dicho decreto no tiene incidencia en el plazo de instrucción que contempla el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 ,y que la fiscal general del Estado, la exministra de Justicia María Dolores Delgado, quiere derogar.

Los abogados de López Madrid sostienen que el plazo de dicho artículo de la Ley no es un plazo procesal en el sentido del Real Decreto, sino el plazo de duración máxima de la instrucción, por tanto, un plazo de caducidad, que no es susceptible de reinicio y que, en todo caso, no ha sido suspendido en el Real Decreto de 14 de marzo.

La instrucción de los procedimientos penales no ha quedado en suspenso por el RD 463/2020, defiende López Madrid en su escrito de alegaciones al magistrado, sí la actividad procesal vincualada a recursos, incidentes y demás trámites procesales.

El plazo fijado de la instrucción forma parte del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, advierte la defensa del empresario

La defensa del empresario añade además que el plazo fijado de la instrucción constituye una de las garantías del procedimiento, y como tal, forma parte del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. La posibilidad de reabrir nuevamente el plazo de duración de la instrucción, señala, lesionaría los derechos fundamentales de su cliente.

El caso Púnica estalló el 27 de octubre de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron a 51 personas relacionadas con presuntas prácticas corruptas, entre ellas el ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados.

El pasado 2 de septiembre el juez Manuel García Castellón imputó en el caso Púnica a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

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