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Economía

Ley de unidad de mercado: los profesionales colegiados en una provincia podrán ejercer en toda España sin pagar más tasas a otros colegios

La nueva ley de unidad de mercado afectará a los colegios profesionales

La nueva Ley de Unidad de Mercado supondrá una revolución para los colegios profesionales. A partir de ahora, abogados, arquitectos, médicos y otros profesionales colegiados sólo tendrán que pagar en una provincia para ejercer su actividad profesional en toda España sin necesidad de abonar tasas en los colegios de otras provincias. La medida que el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, convierte en innecesarias los pagos de cuotas duplicadas a 1,5 millones de profesionales que en la actualidad están registrados en los 1.650 colegios profesionales existentes en toda España.

La Ley de Unidad de Mercado pretende convertir en realidad lo que dos leyes anteriores ya intentaron. La 'Ley Ómnibus' y la 'Ley Paraguas' obligaban a las autonomías a dejar de cobrar esos pagos duplicados. Pero algunas de ellas todavía no habían traspuesto esas normativas y los colegiados se veían obligados a pagar por duplicado colegios médicos o farmacéuticos en las distintas zonas en las que operaban. Con la nueva ley, se prohibirá ese pago de cuotas dobles.

El objetivo oficial del Ejecutivo es eliminar las trabas burocráticas al ejercicio de ciertas profesiones, en línea con las recomendaciones realizadas por el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que abogaba por terminar con lo que define como “la compartimentación geográfica del mercado nacional” con la que se “reduce las potencialidades de la competencia entre territorios”.

Pero más allá del objetivo oficial, la medida tendrá una consecuencia práctica en buena parte de esos colegios que tienen sedes en varias provincias. Algunos dejarán de ser viables económicamente, puesto que perderán parte de las cuotas que hoy se pagan de forma multiplicada en muchos casos. En la actualidad esas sedes suman ya una cifra de 1.650 que el Ejecutivo considera “desorbitada” y que debe ser “racionalizada”. 

BASE DE DATOS COMÚN

El control de calidad de los productos pasará a tener 17 vigilantes. Una sola licencia autonómica permitirá a las diferentes empresas comercializar su producto en toda España. Pero de la misma manera, todas las autonomías podrán reportar problemas de calidad de determinados productos a una base de datos común que se pretende elaborar. El resultado es que una denuncia por parte de las provincias en las que se comercializa el artículo obligará a actuar a la administración que concedió el primer permiso de comercialización. 

Según fuentes del Ejecutivo, la consecuencia práctica será la de multiplicar los controles. En cualquier caso, las comunidades autónomas que den el permiso de comercialización de origen serán las que tengan una responsabilidad subsidiaria en caso de que haya problemas. 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El transporte de mercancías tendrá una normativa uniforme para toda España. Es el objetivo del Gobierno, que pretende hacer primar la normativa de la provincia de origen sobre las de tránsito o destino en la Ley de Unidad de Mercado. La intención del Ejecutivo es terminar con las diferentes normativas autonómicas para cuestiones como el transporte de mercancías peligrosas, que dan lugar a transportes que deben detener su ruta porque determinadas provincias o autonomías no les permiten transportar combustibles o mercancías peligrosas a partir de unas horas determinadas.

Tras la aprobación de la ley, la normativa de origen del transporte será la que rija sobre el resto de etapas del viaje.

La norma es especial- mente relevante para las rutas de distribución de las nueve refinerías que existen en España y en las que el transporte del combustible puede retrasarse (en caso de restricciones horarias) o encarecerse (cuando los transportistas se ven obligados a dar rodeos). 

EL ETIQUETADO AUTONÓMICO NO SE MODIFICARÁ

El etiquetado de los productos no se modificará en la Ley de Mercado Único. El Gobierno ha decidido no modificar las normas de ciertas autonomías, que obligan a etiquetar en el idioma de la comunidad autónoma en que se van a vender los productos no agroalimentarios. El Ejecutivo ha pactado con CiU mantener la normativa autonómica tal y como está después de consultar con los grandes fabricantes y distribuidores de esas industrias que —según fuentes de esa negociación— han trasladado al Gobierno la idea de que ese etiquetado autonómico no encarece los costes de producción ni supone una carga adicional para los fabricantes.

En cuanto a los productos agroalimentarios, el Gobierno tampoco hará modificaciones legales con el argumento de que su etiquetado está dispuesto ya por la legislación comunitaria que obliga a poner esas etiquetas en español.

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