Economía

Los juzgados de Cantabria blindan al Santander ante demandas del Popular

La sala considera que los accionistas y bonistas de Popular no tienen derecho a pleitear contra el Banco Santander porque "el posible deber de restitución a cargo de la entidad bancaria deja de existir tras elinstrumento de resolución aplicado por el FROB en su resolución de 7 de junio de 2017"

Sede de Banco Popular
Sede de Banco Popular GTRES

Las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Cantabria han decidido unificar los criterios y prácticas frente a las demandas de la quiebra de Banco Popular. Mediante un acuerdo no jurisdiccional, los magistrados de la comunidad autónoma en donde Banco Santander tiene su sede social han optado por no reconocer un deber de resarcir a cargo de la entidad que preside Ana Botín a quienes adquirieron acciones del Popular, tanto en el mercado primario como en el secundario, según en un documento de la Audiencia Provincial ya mencionada al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En concreto, la sala considera que los accionistas y bonistas de Popular no tienen derecho a pleitear contra el Banco Santander porque "el posible deber de restitución a cargo de la entidad bancaria deja de existir tras el instrumento de resolución aplicado por el FROB en su resolución de 7 de junio de 2017".

Magistrados de otras salas consultados por este medio han calificado esta decisión como una "arbitrariedad" ya que Cantabria expone que es un acuerdo no jurisdiccional pero sin embarco cita el artículo 264 LOPJ, que es para acuerdos jurisdiccionales del pleno en resolución de un caso concreto para unificar doctrina. Además, en la misma nota, la sala no dice qué magistrados se han reunido y tampoco si se trata de un acuerdo unánime o no. Tampoco da el resultado de la votación. 

Cabe destacar la importancia de que este acuerdo sea "no jurisdiccional", que viene a decir que no es vinculante. Pero fuentes cercanas a este tipo de casos han explicado a este medio que los magistrados ya se han puesto en contacto con el colegio de abogados para comunicar que si retiran ahora las demandas, no tendrán que incurrir en costas.

También es cierto que la Audiencia Provincial de Cantabria no es la primera que decide 'librar' al Santander de toda culpa. Como ya adelantó Vozpópuli, los juzgados en segunda instancia de Asturias fueron los primeros en llegar a un acuerdo para impedir a los accionistas perjudicados por la resolución de Popular solicitar una indemnización por daños y perjuicios a la entidad cántabra. No obstante, en este caso la unificación parece más justificada en tanto que ya se habían decantado en varias sentencias para desestimar demandas.

En el caso de Cantabria, además de ir contra sus propias sentencias, y contra todo el criterio de sus instancias, se adelante a fijar criterio de una cuestión que es probatoria y no jurídica; se adelanta al Tribunal Supremo que tiene pendiente varios recursos.

Audiencias provinciales

En el caso Bankia, entre los años 2016 y 2019, los juzgados en segunda instancia dictaron 2.899 sentencias condenatorias (2.795 por error en el consentimiento, 18 por falsedad del folleto en mercado primario y 86 por falsead del folleto en el mercado secundario). La práctica totalidad de las demandas de mercado primario y secundario basadas en la acción de falsedad del folleto dieron lugar a sentencias condenatorias.

Banco Popular iba por el mismo camino, con 38 sentencias de Audiencia Provincial condenatorias y 4 absolutorias (por defectos en la acción ejercitada). No obstante, se espera un nuevo aluvión de demandas en contra de Santander (Popular ya no exista al ser absorbida por el banco en 2017).

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