La Justicia de EEUU reclama 120 millones a Acciona por presunto "incumplimiento de contrato"

Acciona tiene un procedimiento en los tribunales del Estado de Illinois (EEUU) por presunto incumplimiento contractual y extracontractual de sociedades filiales de Acciona Energía. Según explica la compañía, a cierre de 2019, se mantiene una sentencia de primera instancia condenatoria al pago de 134,5 millones de dólares americanos, 120 millones de euros al cambio actual, que se encuentra recurrida en apelación.

El litigio se produce entre Acciona y unos antiguos socios de un negocio para desarrollar energía termosolar en la región en el año 2003. La tecnología no prosperó según lo esperado y ahora los socios han llevado ante la Justicia local a la empresa española por presunto incumplimiento de contrato.

"Resulta muy difícil hacer una estimación fiable acerca de la fecha del desenlace", detalla Acciona. Este litigio promete extenderse en el tiempo, ya que la empresa ha recurrido la sentencia en primera instancia y, por tanto, la ejecución está en suspenso. La energética española contempla volver a poner en marcha un nuevo recurso si no funciona este primer intento.

Un frente que no es el único. Acciona mantiene, a cierre de 31 de diciembre de 2019, provisiones por importe de 119 millones de euros, 126 millones de euros a 31 de diciembre de 2018, de los cuales 29 millones corresponden a la división de infraestructuras y 90 millones a la división de energía. Unas provisiones destinadas a cubrir el riesgo de los diversos litigios. 

Sydney 

Otro de los litigios que registra Acciona en este apartado es su contrato para diseño, construcción y puesta en marcha del recorrido de un tranvía en el centro de la ciudad de Sydney (Australia) junto con su socio Alstom, en el contexto de un contrato de colaboración público-privada a través de la concesionaria Altrac Light Rail Partnership (de la cual tiene el 5% del capital social), y cuyo cliente final es Transport for New South Wales (TfNSW).

La reclamación se fundamentaba en los diversos informes técnicos y legales de asesores externos, habiéndose iniciado un procedimiento judicial ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur contra el cliente final. Acciona, finalmente, alcanzó un acuerdo en mayo de 2019, consiguiendo que fuese admitida una buena parte de sus reclamaciones y sin efectos patrimoniales negativos.

Llobregat

El contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en Ter- Llobregat es otro de los litigios que arrastra Acciona. El Tribunal Supremo (TS) desestimó el 20 de febrero de 2018 los recursos de casación interpuestos por Acciona Agua junto a la Generalitat de Cataluña, así como los de Aguas de Barcelona, confirmando la sentencia de instancia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de julio de 2015 y, por tanto, anulando la adjudicación de la concesión por causas exclusivamente imputables a la Generalitat de Cataluña.

En diciembre de 2018, la Generalitat de Cataluña realizó una primera propuesta de liquidación del contrato tras la sentencia del TS, por la que reclamaba una cantidad aproximada de 38 millones de euros. Posteriormente, la Generalitat presentó, con fecha de 1 de abril de 2019, una propuesta de liquidación definitiva provisional, en este caso, proponiendo una compensación para la concesionaria por importe de 53,8 millones de euros.

Acciona se ha opuesto a las propuestas de liquidación practicadas por considerar que están basadas en que el contrato incurrió en una causa de nulidad y no de anulabilidad, según aclaró el TSJ de Cataluña en su auto de 19 de noviembre de 2018.

En base a los informes periciales realizados por asesores externos, la energética ha estimado que el importe resultante de la cláusula asciende a 305 millones de euros, y en 770 millones de euros el importe correspondiente a los daños y perjuicios causados.

En este sentido, con fecha de 24 de julio de 2019, Acciona ha presentado recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de fecha 1 de abril de 2019, por la que se aprueba la liquidación definitiva provisional del contrato, que ha sido admitido a trámite y se encuentra pendiente de resolución a la fecha.