Economía

El juez considera que el Estado es parte perjudicada en la refinanciación de Abengoa

El Estado, a través del Ministerio de Economía, es en la actualidad accionista del grupo energético. Organismos públicos como el ICO prestaron cientos de millones de euros a Abengoa que perdieron en la crisis de la compañía

El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea junto con el ex consejero delegado, Manuel Sánchez, en la salida a Bolsa de Abengoa Yield, en 2014.
El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea junto con el ex consejero delegado, Manuel Sánchez, en la salida a Bolsa de Abengoa Yield, en 2014. Efe.

El juez Ismael Moreno, del Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, considera que el Estado es perjudicado por el presunto delito de falsedad contable que investiga en Abengoa, y mantiene la personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento, en contra de los requerimientos del expresidente y exconsejero delegado del grupo energético, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega.

El magistrado investiga posible delito de falsedad contable contra los que fueran los dos principales ejecutivos del grupo energético hasta su entrada en preconcurso de acreedores, en septiembre de 2015. La Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó querella contra Benjumea y Sánchez Ortega en 2016, por delito societario y delito de falsedad en mercados financieros.

Abengoa comunicó en 2015 un beneficio de 72 millones, en el primer semestre de ese año, y poco después solicitó su entrada en preconcurso. El grupo estuvo a punto de protagonizar la mayor quiebra empresarial ocurrida en España, con una deuda superior a los 9.000 millones de euros, pero logró firmar una refinanciación con la mayoría de sus acreedores y evitar la declaración de concurso.

Ese acuerdo de refinanciación ha supuesto para los acreedores perder la mayoría del dinero invertido en la compañía, y capitalizar deuda por acciones. La empresa ha conseguido mantener la actividad, pero a costa de desprenderse de sus mejores activos y reducir drásticamente costes y plantilla.

El Estado, accionista

Entre los perjudicados por ese acuerdo de refinanciación se encuentran organismos públicos españoles que prestaron dinero a la multinacional sevillana, como el ICO, Cofides, y CESCE. El exministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que en total estos organismos tenían una exposición en el grupo de 415 millones de euros.

El ICO, dependiente del Ministerio de Economía, adquirió el pasado año una participación en el capital de Abengoa por importe de 87,5 millones de euros, como publicó este diario. El organismo aprobó la reestructuración de la deuda propuesta por Abengoa, lo que le supuso una pérdida de 85 millones de euros.

Benjumea y Sánchez Ortega se han opuesto a la personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento

Tras esas operaciones, el Estado ha pasado a formar parte del accionariado de Abengoa, con una participación del 3,1% a través de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En el marco de la investigación que sigue el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional contra Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega por posible delito de falsificación contable, ambos exejecutivos han requerido al juez que impida la personación del Estado como parte perjudicada en el procedimiento.

Benjumea y Sánchez Ortega sostienen que la entrada del Estado en el accionariado de Abengoa es muy posterior a los hechos que se investigan (falseamiento de las cuentas en 2015), y que por tanto no puede formar parte del proceso. 

El juez sostiene que la personación del Estado se debe no sólo a su condición de accionista, sino también como acreedor

En un auto de la pasada semana, el juez mantiene la personación del Estado como parte perjudicada. "De la documentación obrante en las actuaciones, parece desprenderse que la adjudicación de acciones al ICO proviene de su condición de acreedor de la compañía con anterioridad al acuerdo de reestructuración de la misma", expone el magistrado.

La condición de perjudicado del organismo público, "proviene de la capitalización del 70% del crédito en las acciones de nueva emisión de Abengoa, que fueron posteriormente enajenadas por el ICO en fecha 20 de diciembre de 2017", añade.

El juez Ismael Moreno concluye que la cualidad del Estado como sujeto pasivo, titular del bien jurídico protegido, "deriva no ya de su condición de accionista de Abengoa desde marzo de 2017 sino de acreedor de la compañía durante los hechos investigados". 

En estas circunstancias, añade, "se puede considerar que el Estado es perjudicado por los hechos que en este momento se investigan en el presente procedimiento, debiendo actuar en el mismo a través de la Abogacía del Estado en defensa de sus intereses generales y públicos".



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