Publicado: 12/11/2018 05:15
El acuerdo entre la compañía pública Navantia y el reino de Arabia Saudí va más allá del contrato de compra-venta de las cinco corbetas Avante 2200 pactado en abril y firmado en julio. Cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, puso en solfa la operación e incluso amenazó con romperla, no sólo hacía peligrar los más de 1.800 millones de euros en los que está valorada la transacción y los 6.000 empleos para los próximos años. También dejaba en el aire un plan cuyos objetivos se fundamentan en obtener ingresos conjuntos para ambas partes de 8.000 millones de euros al finalizar la próxima década.
Las cifras forman parte de las grandes líneas de la alianza entre la empresa pública de astilleros y Saudi Arabian Military Industries (SAMI), sociedad creada el pasado año por el reino de Arabia Saudí y que pretende ser el pilar básico para asegurar su industria militar en las próximas décadas gracias a acuerdos con socios de referencia en el panorama mundial. En sus apenas 18 meses de vida, dos nombres ya figuran en su cartera: Boeing y, desde el pasado martes, Navantia.
Fue a comienzos de la semana pasada, escasas horas antes de que los presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Navantia informaran de la operación de venta de las corbetas en la comisión de Industria del Congreso, cuando se estamparon las firmas en el acuerdo definitivo para crear la joint-venture que unirá los destinos de Navantia y Arabia Saudí no sólo para los próximos años sino para las próximas décadas.
"Todos sabemos que una joint-venture no está adscrita a un solo contrato", avanzó ante los portavoces de la comisión el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, sin duda con conocimiento de causa. La alianza forma parte del plan Vision 2030 elaborado por la corona saudí para fijar las líneas maestras del futuro de un país que busca introducirse poco a poco abrirse a la comunidad internacional y ser menos dependiente de sí mismo, básicamente de su potentísima industria petrolera.
Una alianza bajo mando saudí
De ahí que los primeros objetivos de la alianza se fijen en el horizonte del año 2030. Para entonces, este primer contrato de las corbetas podría aún seguir en vigor, toda vez que los compromisos para el mantenimiento y mejora de los sistemas de las mismas podrían extenderse hasta 10 años a partir de la fecha de entrega de los buques.
Pero todo apunta a que a este primer contrato seguirán otros. Y extremadamente cuantiosos. De lo contrario, sería muy difícil establecer unos objetivos tan ambiciosos para la alianza con SAMI.
Una joint-venture que, por lo demás, no se trata de una alianza entre iguales, como se habría podido deducir de los pocos detalles que se dieron de ella en la comisión de Industria del Congreso. En la nueva sociedad, SAMI cuenta con una participación del 51% mientras que Navantia se queda como socio minoritario, con un 49%. Es decir, el mando de las operaciones recaerá del lado saudí, mientras que la española actuará como socio estratégico.
Un papel que no afectará al rendimiento económico de la sociedad pero sí a la hora de tomar decisiones. En caso de discrepancia, la última palabra la tendrá Arabia Saudí.
Visita clave
La alianza militar fue el principal motivo de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, a España el pasado mes de abril; aunque fueron diversos los asuntos que se trataron, ninguno de ellos contaba con la trascendencia, tanto estratégica como económica, de esta alianza. De ahí que el intento de oposición del actual Gobierno español a llevar a cabo los planes trazados cayera como una auténtica bomba, tanto en el Ejecutivo saudí como en la propia Navantia y los representantes de los trabajadores, precisamente en plena negociación de un convenio único para toda la compañía que podría marcar un hito histórico.
Demasiado dinero para renunciar, demasiado avanzado para romperlo, Cuando la ministra de Defensa puso en duda el contrato de las corbetas, aún faltaban algunas firmas para dar oficialidad a la alianza, con lo que la ruptura podría incluso haberse llevado a cabo sin necesidad de romper todos los papeles. Pero las cifras lo hacían demasiado imprudente. En juego, mucho más (que no es poco) que 1.800 millones de euros en corbetas.
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