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Inversores del Popular cargan contra Europa por la gestión de la crisis de liquidez

El despacho Fieldfisher Jausas, que representa a 315 clientes, critica los informes de valoración de la JUR porque no tuvieron en cuenta que Popular tenía capacidad para sobrevivir más días

Oficina del Banco Popular.
Oficina del Banco Popular. Tere García

La batalla por el rescate de Banco Popular sigue por todo lo alto en Europa. En las últimas semanas han llegado a la Junta Única de Resolución (JUR) un reguero de escritos de alegaciones contra el proceso. Cargan contra la tercera valoración de Popular, hecha por Deloitte, que decía que no rescatar la entidad hubiera costado entre 23.000 y 34.000 millones a sus acreedores.

Una de las alegaciones más contundentes es la presentada por el despacho Fieldfisher Jausas, en representación de 315 inversores que perdieron su dinero entre el 6 y el 7 de junio de 2017.

"Con una gestión diligente por parte de las autoridades financieras y del propio banco, se hubieran cumplido perfectamente sus obligaciones de pago. Sólo la cartera de participadas financieras y no financieras permitía obtener liquidez por un importe de 4.000 millones de euros, algo que no se hizo por problemas formales que la JUR y el Banco de España deberían haber solucionado", expone en un escrito al que ha tenido acceso este medio.

Liquidez de emergencia

"Del informe de valoración 3 en ningún momento se desprende que Banco Popular no fuera capaz de pagar fondos a los depositantes", añade.

En este sentido, desde Fieldfisher Jausas subrayan algunos datos del informe de valoración de Deloitte y otros revelados por el sumario del caso Popular:

"El propio Deloitte establece que Banco Popular tenía un patrimonio neto de 9.398 millones, contaba con liquidez para abrir el día 7 (1.334 millones), y el Banco de España indica que no había agotado la liquidez de 600 millones", expone el bufete.

Los abogados de los perjudicados creen que el último informe de Deloitte parte de un error, ya que la JUR tenía que haber encargado una valoración intermedia

"Al contar con liquidez y tener activos susceptibles de ser movilizados no resultaría de aplicación" el reglamento de resolución, añadiendo que de los 9.500 millones de línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés), Popular había dispuesto 3.800 millones.

Aun así, tal y como han ido señalando los responsables del banco -Emilio Saracho- y el Banco de España hubo un problema para entregar a tiempo los colaterales necesarios para seguir accediendo a la liquidez, y había solicitudes ingentes de retirada de depósitos para los días siguientes. Entre los afectados surge la duda de si se podría haber acompasado el ritmo de fuga de clientes con la venta de activos y la liquidez de emergencia, para llegar al siguiente fin de semana y haber hecho una subasta a la que podría haber acudido también BBVA.

Informes obviados

Otro de los factores alegados por los perjudicados es que el informe 3 de Deloitte debería haberse hecho sobre "la valoración definitiva" que la JUR ha descartado hacer, y que podría dar argumentos legales a los grandes demandantes.

Son muchos todavía los interrogantes de la resolución que dan alas judiciales a los perjudicados. Y gran parte de ellos derivan de la opacidad de Europa en el proceso.



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