El fondo Infrared reclama 28 millones a España por la guerra de las renovables

El Estado español sigue viviendo nuevos frentes por la conocida guerra de renovables. En esta ocasión, InfraRed Environmental Infrastructure, propiedad del fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners, vuelve a llevar a España ante los tribunales estadounidenses para cobrar 28 millones de euros por los dos proyectos fotovoltaicos en Sevilla y Badajoz en los que invirtió en 2011. 

Estos inversores, junto a más socios británicos, reclamaron este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia para que se ejecute el laudo contra España. No obstante, existe un procedimiento abierto de anulación iniciado por España activo en CIADI, la corte de arbitraje del Banco Mundial.

Infrared inicia su batalla legal contra el Reino de España en 2014, después del recorte a las primas de las energías renovables y el impacto que tuvieron las reformas del Gobierno en sus dos proyectos. La compañía, cuya defensa está en manos del bufete Cuatrecasas y Alston Bird, reclamaba en un primer momento una indemnización de 92 millones de euros.

En agosto de 2019, finalmente, y como adelantaba el medio especializado Law360, la demanda se quedó en 31 millones de dólares, 28 millones de euros al cambio actual, más un 2% de interés anual previo y posterior al laudo, el coste del arbitraje y dos tercios de los honorarios legales de los inversores.

El precedente del 'caso Eiser'

Una sentencia que los tribunales consideraron que iba en línea con el precedente del caso Eiser. Esta firma de inversión británica fue la primera compañía que logró una victoria frente a España por el recorte a las primas de las energías renovables. La energética y su filial luxemburguesa presentaron la solicitud de arbitraje en diciembre de 2013 ante el CIADI invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

La compañía llevó a España ante la corte del Banco Mundial por el impacto que tuvieron las reformas del Gobierno sobre dos plantas de energía fotovoltaica que tiene en Extremadura y Castilla-La Mancha. En mayo de 2017, España fue condenada a pagar 128 millones y días después Eiser presentó una petición de reconocimiento del laudo ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), que es el procedimiento anteriormente citado.

Fue entonces cuando España pidió la anulación del laudo tras escudarse en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Un mes después, hizo lo propio ante el CIADI con otra solicitud de nulidad, donde además acusó a uno de los árbitros del tribunal de un presunto conflicto de intereses que había ocultado.

Una docena de condenas

Por ahora, España ha sido condenada por este mismo asunto en más de una decena de ocasiones: Eiser (128 millones), Bridgepoint (80 millones), SolEs Badajoz (41 millones), Nextera (290 millones), HSBC (92 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Demeter y Cube (33,7 millones), Schwab Holding/OperaFund Ecoinvest (27 millones) y Infrared Environment Infrastructure, (28 millones)

No obstante, el Estado también se ha anotado victorias con laudos favorables en la Cámara de Comercio de Estocolmo contra Isolux y Charanne. También logró imponerse a la alemana Stadtwerke München y al fondo BayWa.