La industria española pide que se le permita recortar la factura eléctrica de sus fábricas cerradas

Las fábricas quieren reducir temporalmente su potencia contratada. El sector de la industria pretende ajustar su consumo de energía a la inactividad actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y poder rebajar más costes. Su petición se ha realizado a través de una propuesta formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para solicitar un Real Decreto urgente.

Una reclamación que está liderando el Grupo ASE, el mayor agregador energético de España. "Pedimos que la potestad para autorizar esta modificación en un plazo inferior a un año recaiga en los órganos competentes de cada comunidad autónoma, en lugar de en las empresas distribuidoras", explican desde la compañía

La modificación tiene como objetivo mitigar el efecto del coronavirus en el parón productivo. Propone “atajar un problema crónico, que en este momento resulta acuciante”, explica Ramón López, gerente del Grupo ASE. El Real Decreto 1164/2001 y el Real Decreto 1955/2000 pusieron en manos de las empresas distribuidoras de electricidad la potestad de permitir, o no, la modificación de la potencia contratada en un plazo inferior al año.

Sin embargo, Ramón López detallan que que “la distribución, como actividad regulada, es parte interesada en la recaudación de la tarifa de acceso por el importe económico que tiene reconocido como derecho de cobro”. Por eso, el sector considera más adecuado que esta potestad recaiga sobre la Administración.

La situación es idéntica a la que se produjo en el último trimestre de 2008. Las empresas se encuentran con un descenso brusco de actividad y su potencia contratada queda sobredimensionada. Pueden reducirla. Pero se encontrarían con un problema si antes de 12 meses recuperaran su actividad habitual porque, por norma general, sólo se puede modificar la potencia una vez al año.

"Buena voluntad"

“La legislación vigente no cierra la posibilidad a que puedan modificar su potencia en un plazo inferior, pero llegar a un acuerdo depende de la buena voluntad de la empresa distribuidora”, explica Ramón López. “Al retomar su actividad normal el desajuste que supondría una potencia inferior a la adecuada dispararía el coste energético de producir, por la penalización que supondrían los excesos de potencia”, remarca López.

Sería, por tanto, un lastre para el despegue de esa recuperación. El gerente de Grupo ASE recuerda que “las empresas no pueden elegir distribuidora, dado que la actividad de distribución es un monopolio natural, que deja, en casos como este, a los consumidores al pie de los caballos”. "Es intolerable que la regulación aplicable otorgue explícitamente al distribuidor la competencia exclusiva, pues de su decisión dependen en buena medida los sobrecostes energéticos de las empresas consumidoras, nuestros clientes”, señala López.

Por último, el Grupo ASE tiene abierto un proceso de adhesión para recabar apoyos de otros agentes empresariales y sociales a la propuesta que ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.