Economía

González requiere al juez que aclare si la fuente que impulsó el caso Lezo es Villarejo

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicita al juez el archivo de la investigación abierta contra él en la pieza del caso Lezo por la que se investiga una presunta comisión de 2,5 millones por la adjudicación de las obras del tren que tenía que unir Móstoles y Navalcarnero

Ignacio González, a su llegada a su despacho para el registro de la Guardia Civil.
Ignacio González, a su llegada a su despacho para el registro de la Guardia Civil. EFE/Ballesteros

Ignacio González reclama al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que aclare si la fuente anónima que ha impulsado el conocido como caso Lezo es el excomisario José Manuel Villarejo, y advierte que este pudiera haber actuado de tal manera para apartarle de la carrera hacia la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2015.

También requiere el archivo de la investigación abierta contra él en la pieza de ese mismo caso en la que se investiga el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero (Madrid).

En un reciente escrito enviado por la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid al Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, se advierte que la Fiscalía Anticorrupción "habría emitido una nota de prensa" en la que daría cuenta de haber solicitado la transformación en Procedimiento Abreviado, contra el mismo Ignacio González y otros, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Villarejo habría cumplido el encargo de desprestigiar, atacar y apartar de la vida política a Ignacio González, sostiene la defensa de este

Se trata de hechos supuestamente relacionados con una presunta comisión de 2,5 millones de dólares que la compañía OHLhabría abonado a Ignacio González, entre otros, para obtener la adjudicación de la obra pública del transporte ferroviario Móstoles-Navalcarnero.

Los abogados de González advierten que para acceder a la solicitud de Fiscalía, sería necesario "practicar una diligencia esencial de instrucción", que no sería otra que aclarar quién es la fuente anónima de la Guardia Civil que ha impulsado el caso Lezo, y si esta fuente no es otra que Villarejo.

"La información que actualmente dispone esta parte apunta a que, detrás de esa denominada fuente  anónima, y de la investigación policial infundada y carente del más mínimo rigor que se llevó a cabo y motivó el origen de las presentes pieza y causa", dice la defensa de González, "podría estar el excomisario José Manuel Villarejo".

Si se acreditara la actuación de Villarejo "estaríamos ante un empleo torticero e interesado de fondos públicos", dice la defensa de González

El excomisario de policía, en prisión desde hace tres años, habría actuado, según la defensa de Ignacio González "cumpliendo el encargo de desprestigiar, atacar personalmente y apartar de la vida política a mi mandante, imputándole falsamente supuestas actuaciones delictivas".

La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid sostiene que es "público" que González "fue objeto de actos de espionaje y de grabaciones ilícitas por parte de esta persona, y, con el mismo respaldo, fue acusado falsa e injustamente durante ocho años en el caso del denominado ático de Marbella".

"Resulta así crucial conocer, antes de cerrar la fase de instrucción de esta pieza, si la fuente anónima y el origen de las informaciones que motivaron la investigación de referencia es ese mismo Sr. Villarejo", dicen los abogados de Ignacio González en su reciente escrito al juez.

En marzo de 2015, Ignacio González aún iba a ser el candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid por el PP

Si esto llegara a confirmarse, subrayan, "estaríamos ante una situación de extrema gravedad, pues supondría que ese excomisario habría utilizado sus influencias en la Policía fabricar artificialmente una causa penal contra mi mandante para meterle en prisión y arruinar su carrera política".

Los abogados de González insisten en que si esto se acreditara estaríamos ante un empleo "torticero e interesado de fondos públicos y un escandaloso engaño procesal (...)". Es tan grave esta posibilidad, añaden, "que debe investigarse antes de tomar cualquier otra decisión que pueda multiplicar el inmenso daño ya causado" al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Las "sospechas" de González sobre Villarejo

González, asegura su defensa, "siempre tuvo estas sospechas", que se reafirmaron "cuando se incoó la causa contra el Sr. Villarejo en este mismo Juzgado, y se comenzaron a publicar en medios de comunicación fragmentos de las conversaciones grabadas". 

Los abogados de González sostienen que la Ley no ampara el anonimato de la fuente que está tras la acusación en Lezo

Los abogados del expresidente de la Comunidad de Madrid sostienen que pudiera ser Villarejo quien motivara la investigación "guiado por intereses espurios". En marzo de 2015, recuerdan, González "aún iba a ser el candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid que iban a celebrarse en el mes de mayo de 2015", y sólo fue a raíz de ciertas noticias que comenzaron a salir contra él en medios de comunicación "cuando se le apartó de la candidatura".

También las defensas de Juan Miguel Villar Mir y de Javier López Madrid han solicitado la identificación de esa fuente anónima, pero hasta ahora ninguno había apuntado formalmente a que esta fuera el excomisario Villarejo. 

Los abogados de Ignacio González explican que esa fuente anónima "es un confidente policial" y no se le puede identificar porque lo impide un Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, que declaró secreta toda actuación policial que se realizase en la lucha contra organizaciones criminales. 

Sin embargo, sostienen, en esta pieza del caso Lezo "no existe ninguna organización criminal en la que pueda haberse infiltrado tal confidente (...)". Y consideran que esta información "no está protegida por la Ley 9/1968, de 5 de abril (modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre), sobre secretos oficiales", pues se trata de documentación que no afecta a la seguridad y defensa del Estado, "ni se trata de investigaciones relacionadas con el terrorismo, ni tampoco en relación con la delincuencia organizada".

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