Economía

La Audiencia Nacional ‘congela’ el caso Iberdrola-Villarejo tras levantar el secreto

La Audiencia Nacional ha acordado suspender los plazos procesales del caso Iberdrola-Villarejo hasta que las partes tengan acceso completo al sumario tras el levantamiento parcial del secreto

Edificio de la sede de Iberdrola en Madrid.
Edificio de la sede de Iberdrola en Madrid. Europa Press.

La Audiencia Nacional ha acordado suspender los plazos procesales de la pieza 17 del caso Tándem, la que investiga las relaciones entre Iberdrola y el comisario José Manuel Villarejo. El tribunal ha dictado un auto fechado el pasado 31 de julio al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que confirma la petición presentada por los directivos y exdirectivos de la eléctrica que habían pedido ‘congelar’ los plazos tras levantarse de forma parcial el secreto de sumario.

En concreto, fueron Juan Carlos Rebollo, director de Administración y Control de la eléctrica; Pablo Insunza, responsable de Administración y José Luis San Pedro, exmano derecha del presidente Ignacio Sánchez Galán y Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de la compañía, quienes en los últimos días han presentado escritos en esta línea.

Tras el levantamiento parcial del secreto, las partes habían pedido margen de maniobra para poder estudiar la causa y recurrir las resoluciones dictadas bajo el secreto sumarial. Como la causa todavía no está totalmente digitalizada y accesible, consideran que los plazos debían pararse, como así se ha hecho.

Las partes del procedimiento han tenido acceso a una parte del sumario después de que Asenjo lograse que la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase su petición. El juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción se mostraron en contra.

Los magistrados de la sección consideraron que hasta ese momento estaban justificadas tanto la declaración de secreto inicial como las sucesivas prórrogas, pero también creen que el paso del tiempo (la pieza se abrió en octubre) ha permitido expurgar de la documentación "los datos no relevantes" y adoptar "las cautelas precisas" para que las partes tengan acceso a la documentación y no vean vulnerado su derecho de defensa.

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