Economía

Goldman Sachs sopesa demandar a la Comunidad de Madrid tras anular el Supremo la venta de 3.000 VPO

Encasa Cibeles, la mercantil participada por Goldman que pasó en 2013 a explotar 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid, niega responsabilidad alguna y deja abierta la puerta a reclamaciones patrimoniales a la Administración Pública ante la nulidad de la operación confirmada por el Supremo

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Encasa Cibeles, la sociedad mercantil participada mayoritariamente por el grupo de inversión estadounidense Goldman Sachs a la que le fueron adjudicadas en 2013 3.000 viviendas de protección oficial por unos 200 millones de euros tras una resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) cuya nulidad ha sido ahora confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, estudia en estos momentos el fallo del Alto Tribunal sin descartar la posibilidad de presentar una reclamación por daños y perjuicios al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que achaca cualquier posible "vicio".

El quid de la cuestión ahora está en el posible efecto del fallo del Supremo en quienes se han beneficiado de la operación, ya que el Alto Tribunal se centra en confirmar la nulidad del acuerdo de enajenación sellado por el IVIMA desestimando los recursos contra ella presentados por la Comunidad de Madrid y Azora (la gestora inmobiliaria que participó del consorcio adjudicatario junto a Goldman) sin entrar en detalle sobre el alcance e impacto de la nulidad.

"Pretende el Letrado de la Comunidad de Madrid que determinemos los efectos de la anulación declarada en la Recurso Nº: 5491/2019 10 sentencia del Juzgado y confirmada en apelación, argumentando que la nulidad debe ser referida únicamente a la vivienda del arrendatario reclamante (Rachid Bouikou). Sin embargo, esta cuestión no ha sido tratada en la sentencia de apelación recurrida que confirma el fallo de la sentencia del Juzgado que contiene un doble pronunciamiento anulatorio: uno, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otro, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente", enuncia el Supremo, que en cualquier caso responsabiliza abiertamente a la Administración. La parte demandante entiende con lo anterior que el Alto Tribunal ha anulado por completo la venta.

"Estamos analizando el fallo", responde a Vozpópuli un portavoz oficial de Encasa Cibeles, tras ser preguntado sobre un potencial reclamo de indemnizaciones a la Comunidad. "Encasa Cibeles siempre ha cumplido todos los contratos de inquilinos firmados con el IVIMA, también en lo que respecta a las bonificaciones de renta que algunos de ellos tenían concedidas. En su política de gestión, Encasa Cibeles siempre da especial prioridad a aquellos casos de vulnerabilidad social, que son atendidos por su equipo de mediación social para buscar las alternativas y soluciones más adecuadas a cada situación", inciden, haciendo hincapié en que Encasa, según ellos, ha cumplido su parte sin vicio alguno.

El período de protección que impedía la venta de las viviendas adjudicadas venció el pasado otoño. Desde entonces, Encasa Cibeles ha vendido ya más de 500 viviendas en el mercado libre, mientras que otras más de 650 han sido adquiridas por sus inquilinos originales, que ejecutaron su derecho de compra a precio protegido, avanzó El País.

Señala a la Administración

Según anticipó en octubre eldiario.es, Encasa Cibeles ya avisaba en sus últimas cuentas que las resoluciones judiciales devenidas hasta ese momento apuntaban a la nulidad del acuerdo de adjudicación por un "vicio" achacable a la Administración Pública que ella podría subsanar mediante "fórmulas jurídicas", y que, de ser necesario revertir la venta, "cabrá la posibilidad de que la Compañía (Encasa) presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados".

La empresa añadía además que "a efectos aclaratorios, si como consecuencia de la anulación del Acuerdo de Adjudicación se declarara, a resultas del correspondiente procedimiento judicial civil instado al efecto en ejecución de la sentencia contencioso-administrativa, la nulidad del contrato de compraventa por el que la Compañía adquirió las viviendas, la declaración de nulidad del contrato lleva aparejada como efecto la necesaria restitución de las prestaciones recibidas por las partes en virtud del contrato declarado nulo", o lo que es lo mismo, que si la nulidad del acuerdo de adjudicación implica la nulidad de la operación de compraventa, Encasa tendría que devolver, de partida, las viviendas, y la CAM los 201 millones que recibió en 2013.

La Comunidad de Madrid estudia elevar el asunto al Tribunal Constitucional e incide en la situación de los terceros ocupantes de las viviendas

La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que estudia ahora si eleva el asunto ante el Tribunal Constitucional, analizando si la sentencia de este jueves del Supremo "no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", e insiste en que, de consumarse la anulación de manera definitiva, "solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes" y no debería afectar a los terceros ocupantes de las viviendas.

El equipo demandante, por el contrario, considera que ha comenzado el proceso de ejecución de la nulidad de toda la venta y pedirá que se retrotraigan todas las operaciones, entendiendo que eso podría suponer reparaciones de daños a los terceros afectados.

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