Economía

El Gobierno estudia pagar el 100% del alquiler a los pequeños propietarios y el 5% a los grandes

El Ejecutivo se plantea ayudar a los inquilinos de viviendas y oficinas afectados por la crisis del coronavirus imponiendo condonaciones o aplazamientos de alquileres, renovaciones automáticas de contratos y techos a "subidas abusivas" de precios posteriores al estado de alarma

Iglesias y Calviño
Iglesias y Calviño Efe

Unidas Podemos presiona en el Gobierno para imponer sus tesis en las negociaciones sobre ayudas a inquilinos de viviendas en alquiler. El Ejecutivo, hasta ahora reacio por criterio de su vicepresidenta económica Nadia Calviño a explorar una moratoria de los alquileres, estudia en estos momentos alternativas posibles.

En el Gobierno se debate imponer la condonación general de las rentas (por viviendas o locales) a todas aquellas familias, autónomos y pymes que hayan sido perjudicadas económicamente por el coronavirus, según avanzó la agencia EFE y ha podido confirmar este periódico, que ha accedido a la propuesta íntegra de máximos para el inquilino que discute internamente el Ejecutivo.

La alternativa a esa propuesta, intermedia con la línea defendida por Calviño hasta ahora, pasa por combinar el incremento de las ayudas al alquiler con la imposición de aplazamientos de los pagos con garantías del Estado.

Propuesta de máximos

La propuesta de máximos, cercana a las tesis de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias, apunta a una suspensión del alquiler (no un retraso o moratoria del pago) y que esta sea de dos meses y/o que "se podrá prorrogar hasta el mes siguiente a que termine el estado de alarma".

Entre los argumentos que acreditarían el perjuicio económico al inquilino están la pérdida de empleo, reducción de jornada, ERTE o "deberes de cuidado". También podrían acogerse autónomos y pymes que "hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos". 

Compensaciones y otras cláusulas

Dentro de ese plan de choque se proyectan compensaciones para los propietarios de los inmuebles. Esas compensaciones, también en debate, incluirían hasta el 100% de las rentas condonadas para los propietarios con dos o un inmueble en arrendamiento, y se reducirían "de manera progresiva" conforme mayor sea el volumen de viviendas del tenedor.

A los propietarios con más de ocho inmuebles en arrendamiento (fondos, bancos, socimis, etc.), se les devolvería el 5% de las rentas condonadas. Sendos porcentajes están, en cualquier caso, también debatiéndose.

La propuesta impondría que los contratos de arrendamiento cuya finalización venza durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente tres meses. Asimismo, fijaría un control de precios de seis meses: "En los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no podrán darse subidas abusivas de los contratos de alquiler". 

Bomba de relojería

En los últimos días, los grandes tenedores (3% del mercado, con unas 180.000 viviendas) han comenzado a anunciar moratorias e incluso condonaciones a los inquilinos de vivienda (CaixaBank) y también de oficinas (como en el caso de Merlin Properties).

Sin embargo, distintos operadores del mercado de arrendamientos residenciales han advertido a este periódico de que las empresas en general no soportarán estas situaciones, sin ayuda pública, más de dos meses, y que, pasado ese tiempo, podría estallar un grave problema de vivienda

Seis millones de viviendas en alquiler...y seis meses

La estimación de agentes del sector como el consejero delegado de la consultora Colliers, Mikel Echevarren, era, el lunes, que el impacto de la crisis en la solvencia de los inquilinos se concentre entre los próximos tres y seis meses.

Según Fotocasa, los inquilinos vienen de soportar un incremento del 50% en los precios en España desde 2014. De acuerdo al mismo portal, los mismos precios empezaron ligeramente a bajar el pasado mes de febrero, al menos, en algunos de los puntos donde más habían subido, como las provincias de Madrid (0,3%), Vizcaya (3,5%) o Álava (3,3%) o algunos municipios de Barcelona

Distintos agentes apuntan a que, entre los propietarios, los más vulnerables son los particulares, a quienes corresponden 5,7 millones de viviendas en alquiler. Según la Agencia Negociadora del Alquiler, entre 570.000 y 855.000 personas de más de 55 años están en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.

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