Energía

El Gobierno deja en papel mojado el acuerdo Sánchez-Iglesias en materia energética

El pacto incluía ambiciosas medidas como intervenir en el mercado eléctrico para reducir el precio de la luz y suprimir por completo las retribuciones a determinadas tecnologías, como la nuclear y la hidroeléctrica, todas ellas cuestiones que quedarán en manos del regulador independiente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Efe/Zipi

El acuerdo alcanzado a comienzos del pasado mes de octubre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, con vistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, destacaba por su notable y ambicioso componente en materia energética. En él se incluía tomar medidas para reducir el precio de la luz y acabar con las retribuciones a las eléctricas por la producción a partir de determinadas tecnologías. Sin embargo, será difícil que se cumplan. Al menos, las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros no lo hacen posible.

Además de los PGE, el Gobierno también ha aprobado un Real Decreto Ley para formalizar el retorno de una serie de atribuciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le corresponden como organismo regulador y que le habían sido arrebatadas por el anterior Ejecutivo. Entre ellas, se encuentra la aprobación de los peajes de acceso a las instalaciones por parte de terceros, prácticamente el único punto en el que el Gobierno podría tener alguna intervención para forzar una corrección a la baja de los precios de la luz.

Los peajes forman parte de la parte regulada del recibo, junto con otros elementos como los costes de las extrapeninsulares y las primas a las renovables. Otra de las patas es la fiscal aunque, como admitió en sede parlamentaria la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno tampoco tendría exactamente las manos libres en este punto, ya que precisa un consentimiento que Bruselas difícilmente presta.

En la parte no regulada, el mercado mayorista de la electricidad es el que fija los precios, con un sistema marginalista que es compartido por la práctica totalidad de países miembros de la Unión Europea y que, como también reconoció la ministra, España debe compartir con el resto de sus socios.

Margen de intervención inexistente

De esta forma, el margen de maniobra del Ejecutivo para intervenir en el coste del recibo de la luz es prácticamente inexistente a partir de que la CNMC recupere unas competencias que, no obstante, deberán estar alineadas con la política energética que se  diseñe en cada caso desde Moncloa.

Precisamente, la pérdida de estas competencias motivó que Bruselas amenazara a España con una multa, al entender que esta pérdida de peso por parte de un regulador independiente iba en contra de la normativa comunitaria. La acusación por parte de las autoridades europeas se basaba en una incorrecta trasposición de directivas.

El pacto apuntaba a la supresión absoluta de estos pagos en lo referente a las centrales nucleares e hidroeléctricas

Pero además, la CNMC también deberá aprobar las retribuciones por la producción energética, otro de los puntos que se indicaba en el acuerdo Sánchez-Iglesias. En concreto, el pacto apuntaba a la supresión absoluta de estos pagos en lo referente a las centrales nucleares e hidroeléctricas, bajo la premisa de que su coste había sido sobradamente amortizado.

El acuerdo aludía directamente a lo que se ha venido en llamar "beneficios caídos del cielo", con los que los firmantes del pacto pretenden acabar. En su día, el sector reaccionó negando que las mencionadas plantas estuvieran amortizadas en su totalidad (pese a que algunas se encuentran próximas al fin de su vida útil) y señalando que no sólo había que tener en cuenta el coste de la construcción de las centrales sino también las sucesivas y costosas inversiones realizadas a lo largo del tiempo.

Estas partidas habrían ido a parar al correcto mantenimiento y su adecuación a las nuevas y exigentes normativas de seguridad, especialmente en lo que se refiere a las nucleares.

Reacción en contra del sector 

El asunto fue mencionado incluso por los principales ejecutivos de las empresas en las conferencias que mantienen con analistas con motivo de la presentación de resultados. Sin ir más lejos, José Bogas, consejero delegado de Endesa, negó la existencia de 'beneficios caídos del cielo' mientras que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acusó a los políticos de no tener información completa sobre la realidad económica de las centrales. Con este escenario, la supresión de estas retribuciones se antoja del todo quimérica, lo que deja la práctica totalidad del contenido energético del pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos en papel mojado. 

Aunque el secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique, valoró en un primer momento positivamente el contenido del borrador de Presupuestos tras reunirse con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el partido morado avisa de que no hay ningún avance en las medidas extrapresupuestarias pactadas. "Si no se cumple el acuerdo, esos Presupuestos no salen, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, PP y otras formaciones", aseguró este viernes la portavoz parlamentaria, Irene Montero.

"Todas las cuestiones que tenían que ir en el proyecto de Ley de Presupuestos van, y eso es importante porque había partidas significativas", respondió la ministra de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero los morados no se conforman con la declaración de intenciones de una ministra con la que hay especial sintonía, sino que necesitan el compromiso de que los titulares del resto de carteras están dispuestos a cumplir lo acordado. 

Antes de dar el sí a las cuentas, Unidos Podemos quiere tener un documento que concrete plazos, fórmula legislativa y coste de las medidas

A parte de los de energía, existen hasta diez puntos más en los que el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha cumplido con lo recogido en el pacto presupuestario. Los morados incrementan en las últimas horas la presión pública para que el Gobierno les ofrezca una hoja de ruta concreta en la que se ponga negro sobre blanco cómo se van a materializar las medidas. Antes de dar el sí a las cuentas públicas de 2019 en el Congreso, el partido morado quiere tener en su mano un documento donde se concreten los plazos concretos, la fórmula legislativa a utilizar y -en su caso- el coste para las arcas públicas de las medidas a implementar. 

De lo contrario, aseguran, Sánchez se verá abocado a un escenario de adelanto electoral que en ningún caso conviene conviene a Podemos. Al jefe del Ejecutivo -que aún está pendiente de que los independentistas catalanes permitan si quiera el trámite de los Presupuestos- le resultará muy complicado mantenerse en La Moncloa con el único respaldo parlamentario de los 84 diputados del PSOE. 



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