Jubilación

El Gobierno quiere acabar con las jubilaciones anticipadas, que suponen un 43% del total

El Ejecutivo quiere aplicar incentivos positivos para que la edad de jubilación real se atrase y las personas se retiren de la vida laboral más tarde 

El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en el acto de toma de posesión de los ministros
El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en el acto de toma de posesión de los ministros Europa Press

El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene previsto limitar el uso de la jubilación anticipada mediante incentivos que inviten a los trabajadores a querer seguir en su puesto de trabajo unos años más.

Su objetivo es que se reduzca el número de jubilaciones anticipadas (las que se producen antes de la edad legal de jubilación, que actualmente es de 65 años y 8 meses), ya que en los últimos cinco años un 43% del total de personas que han accedido a la pensión de jubilación lo han hecho antes de esa edad.

El ministro ha reconocido que ya existen algunos incentivos para prorrogar la edad de jubilación, pero que su utilización es escasa porque "nunca se ha hecho una campaña para difundirlos, no son son suficientemente conocidos", apunta.

"En algún caso están mal diseñados", explica, porque los requisitos que se piden son excesivos, como que la empresa tenga que mantener el nivel de empleo. "Las empresas pueden ser reticentes", apunta.

Transferir el déficit al Estado

Además de aprobar medidas en este sentido, Escrivá pretende que el Pacto de Toledo llegue a un consenso este mismo año para establecer un nuevo marco legal estable, basado en la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas y el aumento gradual de la edad de jubilación.

Transferir parte del déficit público de la Seguridad Social a la Administración Central es otra de las soluciones, tal y como avanzó Vozpópuli.

La Seguridad Social soporta actualmente una pesada carga que no le corresponde", gastos "impropios" que merman sus ingresos

Entre los gastos de los que quiere liberar al Sistema, Escrivá nombra las medidas de fomento del empleo, prestaciones carácter universal, subvenciones implícitas a regímenes especiales o gastos del propio funcionamiento del Sistema.

Trasferir esos gastos al Estado será "un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero a corto plazo", señala el ministro.

A más largo plazo, el Gobierno cuenta también con la llegada prevista de inmigración. En este sentido, quiere modificar la Ley de Extranjería para facilitar el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo.

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