Economía

Moncloa fija una moratoria del alquiler de locales de empresas para pymes y autónomos

En el caso de que el propietario del local no sea un gran tenedor, se facilitará el uso de la fianza como mecanismo de pago transitorio al arrendador

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño Europa Press

El Gobierno ha aprobado fijar una moratoria automática en el pago de los alquileres de "locales de negocio" que sean propiedad de "grandes propietarios" (personas físicas o jurídicas con más de diez locales, como empresas en sentido general y fondos y socimis en particular) o empresas públicas.

Se trata de un conjunto de medidas dirigidas a facilitar la renegociación de alquileres de locales comerciales que afectarán a 225.000 inmuebles de uso comercial. "Se podrán beneficiar autónomos, profesionales y pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente", aseguran desde Industria. Deberán acreditar una caída de ingresos del 75% respecto a la media del trimestre del mes afectado del año anterior si no se trata de una actividad directamente suspendida por Decreto. En el caso de las Pymes, podrán beneficiarse aquellas en las que el total de las partidas del activo no supere durante dos ejercicios consecutivos los cuatro millones de euros y/o que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros durante dos años consecutivos y/o que el número medio de trabajadores durante el ejercicio no sea superior a 50. 

"La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática en el caso de grandes propietarios y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, por un período de hasta cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengar intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años", aclaran desde el ministerio de Reyes Maroto.

En el caso de que el propietario del local no sea un gran tenedor, el inquilino "podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la rentas", "facilitándose" legalmente el uso de la fianza como "mecanismo complementario" de pago transitorio al arrendador por parte del arrendatario. La fianza se debería reponer igualmente en el plazo de un año.

Desde el Ejecutivo no se ha detallado si se girarán ayudas o préstamos bien a los inquilinos comerciales, bien a los propietarios en general

Los grandes propietarios pedían un rescate

Grandes propietarios y arrendadores de centros y parques comerciales en general como las empresas Merlin PropertiesCastellana Properties, el Grupo Lar o Nuveen Real Estate habían alertado al Gobierno de que la crisis del coronavirus tendrá un "gran impacto económico y graves consecuencias para el sector" del comercio minorista si no mediaba un plan de rescate.

Dichas reivindicaciones incluían que se estableciera desde el Gobierno un marco para la moratoria de los pagos de los alquileres. Paralelamente, pedían también un fondo de garantía estatal para asegurar a los propietarios el cobro de los alquileresayudas públicas para propietarios que aceptaran aplazar o bonificar rentas, y deducciones fiscales para los arrendatarios que acrediten el pago de la renta en el período sin la actividad habitual.

Fuentes cercanas a los grandes propietarios ven bien que el camino adoptado por el Gobierno -al menos el ya aprobado para locales de pymes y Autónomos-sea el de una moratoria frente a una condonación pero, oficialmente, han preferido esperar a ver lo que se publicaba en el BOE este miércoles antes de hacer una valoración teniendo en cuenta que no se había precisado -ni se precisa en el Decreto finalmente publicado- si desde el Ejecutivo se girará algún tipo de préstamo y/o ayuda económica a los inquilinos y/o propietarios comerciales en general. Tampoco se ha abordado en el decreto la situación de los arrendatarios que no sean pymes o autónomos.

Desde el sector se reclamaba que se tomen medidas tras las adoptadas respecto a los alquileres de vivienda. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han explicado que la mayor diligencia con la vivienda pudo haber tenido que ver con el hecho de que, hasta el decreto antidesahuciosera más compleja aún desde un punto de vista legal la renegociación de las rentas del alquiler de vivienda (donde el inquilino sigue haciendo uso del bien) que las de un local de negocio, donde la fuerza mayor sobrevenida es más fácilmente demostrable.

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