El Gobierno propone estas cuatro medidas para la reforma de las pensiones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados las cuatro medidas que cree que son necesarias para reformar el sistema de pensiones y garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El Gobierno está a la espera de que esta Comisión -que se creó para llegar a un acuerdo político entre distintas formaciones sobre qué medidas deberían aplicarse para solucionar el problema de las pensiones- emita oficialmente sus recomendaciones y, una vez lo haga, poder legislar conforme a ellas.

Para facilitar este proceso, Escrivá ha dicho directamente a la Comisión cuáles son las cuatro medidas que el Gobierno cree que son necesarias y en las que cree, además, que los partidos podrían llegar a un acuerdo.

"Nosotros estamos haciendo ya trabajos preparatorios en estas cuatro líneas, en anticipación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, para que cuando ustedes lleguen a esas recomendaciones nosotros ya podamos presentar iniciativas para satisfacerlas y cumplirlas", ha afirmado Escrivá.

1. Retrasar la edad de jubilación

El Gobierno cree que es necesario aumentar la edad efectiva de jubilación (la edad a la que de media se jubilan en la práctica los españoles) para hacerla coincidir con la edad legal de jubilación (que actualmente es de 65,8 años y llegará a los 67 años en el año 2027).

El ministro ha recordado que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de la que él era presidente hasta enero, "por cada año que consigamos aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro se estima en hasta 1,2 puntos porcentuales de PIB", es decir, unos 14.400 millones de euros de ahorro.

Escrivá cree que esta medida tendría "buena aceptación social", ya que la población está dispuesta a alargar su vida laboral si se encuentra en buenas condiciones de salud.

Para conseguir que los trabajadores pospongan su jubilación, el ministro propone incrementar los incentivos económicos (que la pensión suba si nos jubilamos más tarde) y realizar fórmulas de compatibilidad con el trabajo. Propone también cambiar la regulación de las jubilaciones anticipadas para evitar que sean un recurso muy utilizado, y aumentar la comunicación sobre los incentivos para que se conozcan mejor.

Actualmente, aquellos que se jubilan más tarde disfrutan de una bonificación en España del 3,2%, de media, pero el Ejecutivo quiere rediseñar el sistema de incentivos para hacerlos más progresivos, ya que los actuales benefician más a los que tienen pensiones más altas.

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Para demostrar que los españoles no conocen estos incentivos de los que podrían beneficiarse si se jubilaran más tarde, Escrivá ha explicado que hay una gran cantidad de personas que se jubilan un mes o dos meses antes de cumplir los 67 años, lo que les impide cobrar un 2% más de pensión, algo que achaca al desconocimiento.

2. Fomentar planes de pensiones de empresas

El Gobierno quiere revisar el sistema de previsión social complementaria, es decir, los incentivos que existen para fomentar que la población ahorre de forma individual para su jubilación -para complementar su sistema público de pensiones- y para que las empresas utilicen planes de pensiones de empleo para sus trabajadores.

Una vez analizado el último informe de la Airef sobre beneficios fiscales, Escrivá ha resaltado que el actual sistema de beneficios (que bonifica en el IRPF las aportaciones a planes de pensiones individuales) "no cumple con su principal objetivo, que es incrementar el ahorro", no es popular entre los jóvenes, beneficia sobre todo a las rentas más altas (acumulan el 70% del beneficio fiscal) y, en verdad, actúan más como una "subvención implícita al sector financiero".

Por eso, quiere fomentar el uso de planes de pensiones de empleo y crear, desde la Administración, un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto al que puedan adscribirse las empresas. Además, trasladarán la "fiscalidad favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo", lo que creen que beneficiará a las rentas bajas y a los jóvenes.

3. Blindar la revalorización con el IPC

Escrivá ha afirmado que "existe consenso para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo", algo en lo que parecen de acuerdo todos los partidos y que supone asegurar que las pensiones subirán año a año en función del IPC, como ocurre en los países de nuestro entorno

Por ello, cree que el Pacto de Toledo debe recomendar que se mantenga y garantice por Ley. Esto permitirá, a su juicio, que se reduzca la incertidumbre y preocupación que hay en la sociedad por el futuro pago de las pensiones.

4. Pasar al Estado gastos impropios

Escrivá considera que la Seguridad Social gasta 23.000 millones cada año en el pago de partidas que no tienen nada que ver con las pensiones y que no debería tener que asumir, por lo que propone que estas partidas las asuma al Estado.

Transferir esos gastos al Estado -entre los que figuran los propios gastos del sistema o prestaciones no contributivas- permitiría acabar con el déficit de la Seguridad Social y arrojar un mensaje de certidumbre a todas las personas que piensan que no van a cobrar una pensión pública en el futuro.

"No se trata de mover el déficit de un sitio a otro. Se trata de ponerlo donde debe estar, donde hay mecanismos para afrontarlo"

Además, el ministro quiere que el colectivo de los autónomos coticen por ingresos reales, en función de lo que ingresan -como ocurre con los asalariados y el IRPF-, para evitar que el 80% de los autónomos decidan cotizar por la base mínima de cotización como sucede en la actualidad, lo que merma las arcas de la Seguridad Social.