Economía

El Gobierno promete en la sombra una ley menos restrictiva para las promotoras

Hay "una conciencia clara" en distintos estamentos del Gobierno, incluida Hacienda, de que "se quiere sacar esta norma adelante como proyecto de ley" la próxima legislatura, afirma una alto cargo de Fomento

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, en Ferraz.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, en Ferraz. EFE

"Los planes generales no son asimilables a reglamentos". Esa sola frase encarna un potencial cambio normativo que podría relanzar el urbanismo español, según apuntan fuentes del sector, y que la subdirectora general de políticas urbanas del actual Ministerio de Fomento, Ángela de la Cruz Mera, defendió en un reciente foro con representantes del sector urbanístico, promotores y arquitectos nacionales e internacionales.

"Hay una carga burocrática que ha ido creciendo hasta generar rigidez en el urbanismo, nuestra normativa no está ayudando y en el ministerio estamos trabajando, en conjunto con distintas fuerzas políticas, en sacar adelante la próxima legislatura un cambio normativo para que los planes generales dejen de ser considerados a efectos jurídicos como reglamentos", afirmó de la Cruz Mera, remarcando que hay "una conciencia clara" en distintos estamentos del Gobierno, incluida Hacienda, de que "se quiere sacar esta norma adelante como proyecto de ley" la próxima legislatura.

El hecho de que sean considerados, por mera doctrina jurisprudencial, como reglamentos, hace que la impugnación de cualquier parte del plan que impulse cualquier particular y sea avalada por un tribunal tumbe, no esa parte del plan, sino todo el conjunto

"Ni la legislación urbanística tradicional española ni la actual legislación urbanística de ninguna CC.AA. dice en artículo alguno que un plan urbanístico sea una disposición de carácter general", incidió la representante de Fomento, dentro de un anuncio que "sorprendió gratamente" a los asistentes, que recordaban que la tramitación de dicho proyecto se había iniciado con el anterior gobierno del PP (en concreto, por su exministro, Íñigo de la Serna, 'víctima' personal de la nulidad de un plan general durante su periplo como alcalde de Santander) y quedó luego paralizada.

A preguntas posteriores de Vozpópuli sobre el asunto, desde el propio Ministerio evitan dar cualquier detalle sobre un asunto en "estudio", señalan que el foro en el que habló De la Cruz Mera - un encuentro en la Universidad Politécnica de Madrid organizado por Wires (entidad que reivindica englobar a las mujeres del mundo inmobiliario) junto con la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid Asprima, y la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid - fue "una jornada técnica" y remarcan que "a día de hoy estamos trabajando para poner en marcha políticas de vivienda pero no se puede ir más allá hasta que no se constituya un nuevo Gobierno".

Cambio "importante"

Según explican fuentes del sector promotor, en cualquier caso, el cambio prometido es "importante" para el sector ya que resolvería "buena parte de la parálisis" que se percibe en el mundo del ladrillo en términos de licitaciones y planes urbanísticos.

"El plan general es al final la licitación que hace un ayuntamiento de los usos que van a tener los suelos en su término municipal en un período de tiempo, por lo que cualquier gran obra precisa de un plan general. El hecho de que sean considerados, por una mera doctrina jurisprudencial en la que quizá contribuyeron presiones políticas, como reglamentos, hace que la impugnación de cualquier parte del plan que impulse cualquier particular y sea avalada por un tribunal tumbe, no esa parte del plan, sino todo el conjunto", apuntan a este medio distintas fuentes del sector.

"Ni la legislación urbanística tradicional española ni la actual legislación urbanística de ninguna CC.AA. dice en artículo alguno que un plan urbanístico sea una disposición de carácter general"

"Eso está ahuyentando a muchos políticos de emprender licitaciones, por el miedo a malgastar tiempo y recursos en un plan general que tiene que salvar hasta 27 normativas sectoriales y que se expone a ser echado por tierra por cualquier cosa", inciden.

La potestad sobre los planes generales es compartida entre ayuntamientos y comunidades autónomas, que muchas veces son las que acaban paralizando los proyectos. Sin embargo, la reforma legal que lleva tiempo estudiándose en Fomento agilizaría el trámite para todos por igual, ya que es una competencia estatal.

"Me sorprendió gratamente lo que dijo de De La Cruz Mera, pareció cabal", afirma un promotor. "El tema es que ella es un perfil político-técnico; habrá que ver qué pasa después de las elecciones, con los pactos consecuentes".

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