EMPLEO

Sindicatos y empresas creen que el Gobierno está desviando la atención sobre la reforma laboral

Hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores llevará mucho tiempo por lo que aplazará más aún la toma de decisiones en materia laboral

Imagen de archivo de una reunión del Gobierno con los agentes sociales en Moncloa
Imagen de archivo de una reunión del Gobierno con los agentes sociales en Moncloa Agencia EFE

La voluntad del PSOE de diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y de aprobarlo mediante un gran pacto nacional -lo que supone que primero tiene que conseguir el consenso entre los agentes sociales y, después, el de todos los partidos políticos- es en realidad una cortina de humo para desviar la atención de la polémica contrarreforma laboral, según advierten las empresas y los sindicatos. 

La CEOE, Cepyme, UGT, CCOO y el Ministerio de Trabajo estuvieron negociando en las mesas de diálogo social mientras duró la legislatura y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo -sin el beneplácito de la patronal- para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular de 2012. El 'no' de la CEOE llevó al Gobierno a rectificar en el último momento y a aplazar esa posible contrarreforma que tanto reclamaban los representantes de los trabajadores. 

Éstos pedían al Gobierno una y otra vez que intentará aprobar la reforma por real decreto-ley, ya que aseguraban que otras fuerzas políticas (como el PdeCAT) no se atreverían a votar en contra de mejoras para los trabajadores a unos meses de las elecciones generales, pero el Ejecutivo optó finalmente por aplazar esta tarea. 

A pesar de que ha salido reforzado de las urnas y cuenta con más escaños en el hemiciclo, Sánchez ahora ha cambiado de estrategia: en vez de derogar algunos aspectos de la reforma laboral, que le llevarían al enfrentamiento con la patronal, apuesta por crear de cero un nuevo Estatuto de los Trabajadores que reemplace al vigente, que data de 1995 y ha sido modificado en muchas ocasiones.

La CEOE no quiere que se derogue la reforma laboral, de hecho propone ir más allá: quiere simplificar el número de contratos a sólo tres tipos y poner una indemnización por despido común para los tres, que vaya en línea con la media de la OCDE, de unos 20 días con un máximo de una anualidad, tal y como adelantó Expansión este miércoles. Se opone frontalmente a la propuesta de los sindicatos de volver a la ultraactividad y de que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa. 

Ganar tiempo

Como el conflicto parece estar servido, los sindicatos advierten de que lo que quiere Sánchez es evitar problemas. 

"Negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores no se hace ni en un mes ni en dos, es un proceso muy largo. Quizá alguien (en el Gobierno) ha pensado que es mejor no enfrentarse a la patronal y en vez de eso hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores que lleva muchísimo más tiempo", apunta Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT en conversación con Vozpópuli.

Esta organización cree que el Gobierno debería darle prioridad a la reforma laboral, porque con la legislación vigente, de 2012, "los empresarios pueden despedir sin ninguna causa, solo argumentando que van a tener problemas en el futuro". 

Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, está de acuerdo en que "es mucho más complicado trabajar en un nuevo Estatuto de Trabajadores que hacer una reforma laboral como la de 2012", y pide al Ejecutivo que si opta por esa opción tenga en cuenta también al sector privado.

Adentrarse en negociaciones para preparar un nuevo Estatuto de los Trabajadores podría alargarse durante la legislatura, dando margen al Gobierno para ver si la economía se ralentiza o no, qué impacto tienen las turbulencias internacionales y cómo evoluciona el mercado de trabajo.

En caso de que estos indicadores no vayan en la buena dirección que espera, el Ejecutivo tendrá una justificación para dejar la reforma laboral como está o incluso legislar más a favor de los empresarios. 

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