Seguridad Social

El Gobierno empezará a pagar la renta mínima en 2021

Se desembolsará en tres fases, con cargo a los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023 para amortiguar su impacto en el déficit

El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en el acto de toma de posesión de los ministros
El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en el acto de toma de posesión de los ministros Europa Press

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado este jueves que el Gobierno empezará a pagar el Ingreso Mínimo Vital, una renta mínima para los más desfavorecidos, a partir del próximo año y que su concesión se irá haciendo por fases a lo largo de los próximos tres años.

"Será una renta suficiente, con una dotación económica que permita rebajar los niveles actuales de desigualdad y pobreza. Ese suficiente irá materializándose en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos tres años de la legislatura", es decir, los de los años 2021, 2022 y 2023.

El proyecto de la renta mínima es el primero que ha presentado Escrivá durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados, a la que ha presentado las líneas maestras de su cartera ministerial para toda la legislatura.

Tal y como contó Vozpópuli, esta renta mínima podría ser de 430 euros al mes y costaría al Estado 3.500 millones al año, si se diseña acorde al estudio que realizó el propio Escrivá durante su etapa al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Se desplegará en tres años

"Estamos empezando a diseñarlo, lo traeremos aquí en cuanto tengamos los mimbres más cerrados para intentar encontrar un consenso", ha señalado el ministro, que sí ha adelantado que será "flexible, eficaz, coordinado con los distintos niveles de la Administración y evaluable desde el principio".

Ha afirmado también que se aplicará de forma gradual, "desplegado en varias fases a lo largo de la legislatura, sobre todo por su impacto fiscal", ya que este desembolso engordará el déficit público.

Nuevo marco legal para las pensiones este año

El ministro se ha mostrado optimista respecto a los avances en materia de pensiones y Seguridad Social.

"El objetivo es recuperar el consenso en el Pacto de Toledo y que a partir del año que viene las pensiones tengan un nuevo marco legal estable", ha afirmado, en alusión a que en 2020 se pueda llegar a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo que se disolvió de forma abrupta en la anterior legislatura por las discrepancias entre los partidos después de tres años de negociaciones.

Aún así, el ministro ha defendido que la Seguridad Social "es solvente" y que el aumento del gasto que viene por el pago de pensiones "es manejable" si se hacen los ajustes necesarios.

Medidas complementarias

Escrivá ha apostado por medidas complementarias como aumentar la tasa de fertilidad y fomentar la llegada de inmigrantes cualificados, que puedan aumentar la base de trabajadores y, en consecuencia, el pago de cotizaciones sociales (que alimentan los ingresos que utiliza el Sistema para pagar las pensiones).

"Debemos hacer frente a un reto demográfico a medio plazo si queremos mantener nuestro Estado de Bienestar", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado un gran pacto nacional para favorecer la migración legal a nuestro país, al estilo de los alcanzados en países como Alemania. 

Reforma de la Ley de Extranjería

Escrivá se ha mostrado también partidario de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a una nueva realidad en la que "la población inmigrante se ha multiplicado por cuatro".

"Hay que fortalecer las vías de acceso legal a nuestro mercado de trabajo. Es necesario primar lo ordinario (autorizaciones de trabajo) frente a lo extraordinario (arraigo)", ha apuntado.

En concreto, quiere reordenar en un sólo texto los regímenes de inmigración general y cualificada, simplificar la heterogeneidad de autorizaciones que existe y el hecho de que no haya criterios homogéneos de funcionamiento; así como flexibilizar el catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

También quiere aumentar el número de infraestructuras físicas de acogida, utilizando edificios en desuso en lugar de polideportivos "que dejan de usarla para lo que era su utilidad inicial", ha apuntado.

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