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Economía

El Gobierno elude el concurso público para reforzar su defensa en los arbitrajes por renovables

Paneles solares

Los más de treinta procesos de arbitraje que afronta España en el Ciadi como consecuencia del recorte a las primas ligadas a las energías renovables siguen siendo un dolor de cabeza para la Administración. En la actualidad, el Gobierno comienza a tramitar uno de los pleitos más recientes, planteado por la suiza EBL, y ha contratado los servicios de una consultora para reforzar la defensa ejercida por la Abogacía del Estado. Igual que sucedió en numerosas ocasiones con el anterior Ejecutivo, Moncloa ha esquivado el concurso público para contar con este servicio bajo el pretexto de una situación de urgencia.

En concreto, el Gobierno ha contratado a la firma Accuracy, con la que ya trabajó el anterior Ejecutivo en procedimientos similares, para la elaboración de una serie de peritajes con los que reforzar la defensa del Estado frente a la reclamación de EBL, referenciada al proyecto de la planta termosolar de Puerto Errado 2, en la localidad murciana de Calasparra, que pasa por ser la mayor del mundo con la tecnología de espejo plano.

El procedimiento empleado ha sido el negociado sin publicidad, justificado por una "situación de extrema urgencia" que resulta de "hechos imprevisibles para el poder adjudicador".

De este modo, el actual Ejecutivo replica una práctica habitual de sus predecesores, que tuvieron que empezar a afrontar estos arbitrajes desde 2014, un año después de que fuera aprobada la reforma energética en la que se incluía el recorte de las primas a las renovables. Una circunstancia que motivó notables quebrantos económicos a muchos de los proyectos que se habían emprendido al calor de los estímulos introducidos en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno para fomentar la implantación de las renovables en el mix energético.

Prácticas heredada

Tanto José Manuel Soria, desde el Ministerio de Industria, como Álvaro Nadal, desde el Ministerio de Energía, contrataron los servicios de Accuracy y de otras consultoras como BDO, recurriendo en numerosas ocasiones al procedimiento negociado sin publicidad por motivos de extrema urgencia. Bajo esta modalidad, el Gobierno contrató servicios para la defensa del Estado en estos pleitos por un valor próximo a los 10 millones de euros. La última adjudicación sin concurso público a Accuracy se ha cerrado a un precio de 660.00 euros.

La calificación de extrema urgencia a la hora de contar con estos servicios llama la atención, toda vez que los procesos de arbitraje del Ciadi, tribunal internacional especializado en el arreglo de diferencia dependiente del Banco Mundial, no se caracterizan precisamente por su agilidad.

El caso de EBL es uno de los más significativos por el tipo de instalación al que está referenciado. La compañía es la cabeza visible de una serie de inversores suizos que cuentan con una participación conjunta en la central de Puerto Errado 2 del 85%. El 15% corresponde a la alemana Novatec, desarrolladora de la tecnología de espejo plano empleada en la planta.

Con una potencia instalada de 30 megawatios, la central ocupa una extensión de 65 hectáreas, equivalente a más de 90 campos de fútbol y es capaz de generar energía para abastecer a cerca de 15.000 hogares. La planta fue inaugurada en octubre de 2012, aunque el proyecto comenzó a gestarse a comienzos de la década. La inversión total llevada a cabo por los promotores de la central ascendió a unos 160 millones de euros.

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