Economía

El Gobierno quiere cobrar a los bancos por las reclamaciones que reciban

La ministra Nadia Calviño cree que este pago generaría un potente incentivo para que las entidades resolviesen los problemas con los usuarios en su propio seno, antes de recurrir a la Autoridad de Protección del Cliente Financiero

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. EFE

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, considera que imponer un pago a los bancos por cada reclamación que se interponga contra ellos ante la Autoridad de Protección del Cliente Financiero ayudaría a financiar este nuevo organismo y generaría un potente incentivo para que las entidades resolviesen los problemas con los usuarios en su propio seno.

Así lo ha indicado Calviño en declaraciones a Onda Cero, tras ser preguntada por esta posibilidad después de que el diario Cinco Días adelantase que el borrador del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero contempla cobrar a los bancos una tasa de 200 euros por cada reclamación que reciban.

La ministra de Economía ha lamentado que la creación de dicha autoridad es el único proyecto normativo que el Gobierno no ha podido sacar adelante en el último año porque "no ha habido tiempo".

"Lo que hemos visto en estos años es que los sistemas de reclamaciones de los bancos y luego tener que ir a la Justicia hacen que los procesos de reclamación sean muy largos y costosos", ha explicado.

En la misma línea, Calviño ha incidido en que los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones. "Esto limita la efectividad de los sistemas, y yo creo que todos los ciudadanos sienten que es necesario este refuerzo de su protección en el ámbito financiero", ha señalado.

De esta manera, la ministra ha indicado que la creación de esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero es una de las primeras iniciativas que le gustaría lanzar en la nueva legislatura. La idea es que este órgano sea gratuito para los consumidores, por lo que el Ejecutivo todavía estudia cómo se financiará.

"Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso también genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero", ha explicado Calviño, quien en ningún momento se ha referido al importe a cobrar.

La intención del Gobierno es que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras y sea gratuita para los usuarios, quienes no necesitarán abogado ni procurador para verse amparados por ella.

Hipotecas más caras por el AJD

Durante la entrevista, Calviño también ha sido cuestionada por el posible impacto que ha tenido sobre el precio de las hipotecas el real decreto ley que estableció que los bancos paguen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En su opinión, el coste de las hipotecas no puede determinarse únicamente por la evolución del tipo de interés, sino que se debe atender al coste total durante toda la vida del crédito.

El Ministerio de Economía ha constatado un aumento de los tipos de interés de las hipotecas desde hace un año, pero también una sustitución de hipotecas a tipo variable por hipotecas a tipo fijo, "que dan más estabilidad y garantía a los ciudadanos en el largo plazo".

Asimismo, Calviño ha destacado que el Gobierno ha reforzado en los últimos meses la protección de los ciudadanos, con medidas como el aumento del número de meses de impago que son necesarios para proceder a un desahucio, la reducción de los intereses de demora y el refuerzo del papel de los notarios en la firma de hipotecas.

"Todos estos cambios hacen que me parezca prematuro llegar a conclusiones y decir que es este cambio normativo el que lleva a una variación en el coste de las hipotecas", ha sostenido la ministra, quien considera que, en cualquier caso, el real decreto supone una mejora de las condiciones de los ciudadanos a la hora de suscribir un crédito hipotecario.

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