Economía

El Gobierno aprueba los planes de Iberia y Vueling ante un 'brexit' sin acuerdo

El presidente del grupo IAG ha insistido en la españolidad de IAG y ha asegurado que esta hoja de ruta también cuenta con la aprobación de Irlanda, Francia y Austria

Avión de Iberia
Avión de Iberia Iberia/Airbus

El Gobierno ha aprobado los planes de contingencia que presentó el grupo IAG el pasado abril, al que pertenecen las españolas Iberia y Vueling junto a British Airways y Aer Lingus, para garantizar la continuidad de sus vuelos en la Unión Europea ante un posible 'brexit' duro. 

Antonio Vázquez, presidente de la matriz IAG, ha asegurado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, les dio su visto bueno en abril al considerar que sus planes "cumplen con la normativa aplicable sobre propiedad y control de la Unión Europea".

El presidente del grupo ha insistido en la españolidad de IAG y ha asegurado que esta hoja de ruta también cuenta con la aprobación de Irlanda, Francia y Austria. Ahora la última palabra la tiene la Comisión Europea, que debe dar el visto bueno definitivo.

Pese a la inminente prórroga del proceso de divorcio concedida por la UE a Reino Unido hasta el 31 de octubre, el riesgo de un 'brexit' duro sigue existiendo. No obstante, Vázquez ha mostrado su confianza en que “el Reino Unido y la UE alcanzarán un amplio acuerdo en materia de transporte aéreo”.

La Eurocámara dio a las aerolíneas el pasado mes de febrero un plazo de seis meses para cumplir con los requisitos de propiedad y control para operar rutas entre dos destinos de la Unión Europea. Entre estas normas destaca la obligación de que más del 50% del capital social de los operadores esté en manos europeas.

En Bruselas se ha cuestionado la españolidad de Iberia dado que la mayoría del capital de IAG es extracomunitario, pero el grupo está dedicando esfuerzos en demostrar que más del 50% de los derechos políticos de Iberia los controla Garanair, una compañía controlada por El Corte Inglés.

Además, para evitar conflictos, el grupo está controlando desde febrero la entrada de capital extracomunitario y el consejo de administración del holding fijó en un 47,5% el máximo total de su capital social que puede estar en manos de accionistas fuera de la UE. 

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