Economía

Subvenciones, duplicidades, ministerios...: ¿cuál es el gasto no prioritario que señala el Banco de España?

España sigue a la espera de una reforma de la Administración y de los procedimientos para diseñar las políticas de gasto público

Fachada del edificio del Banco de España en Madrid.
Fachada del edificio del Banco de España en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

España afronta una encrucijada económica con una delicada situación fiscal. La crisis del coronavirus ha puesto patas arriba cualquier previsión y Moncloa diseña ya subidas de impuestos para intentar financiar no sólo la respuesta a una pandemia cuyos efectos a medio plazo son inciertos, sino para seguir pagando el funcionamiento ordinario del Estado. 

El Banco de España llamaba esta semana a redefinir la política de gasto público, aparcando lo que no sea prioritario. Aunque dado el diseño estructural del Estado, España se encuentra con una serie de gastos fijos para mantener en funcionamiento una maquinaria con cuatro niveles administrativos con ineficiencias en las que la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) lleva años poniendo la lupa. 

En 2012 se puso en marcha una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que un año más tarde emitió un informe con más de doscientas medidas que permitieron dar algún paso hacia la racionalización del sector público. Pero aún existen una serie de gastos donde se podrían redefinir estrategias para mejorar la eficacia del desembolso. En caso de reconducir las partidas, ¿hacia dónde habría que enfocarlas y qué habría que dejar de lado?

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) cuestionaba en un reciente informe la eficacia del gasto público en España y, entre otras cosas, ponía el acento en la proliferación de organismos en el sector público empresarial que funcionan con un laxo control. Aunque fueron sometidos a revisión, siguen perviviendo centenares de ellos. También señalaba la falta de control en los procesos de contratación pública, a pesar de los cambios legislativos recientes o las estrategias de compra centralizada. 

"Se pueden quitar muchísimas subvenciones, que en muchos casos son de índole política; y se puede eliminar gasto en publicidad institucional", comenta a modo de ejemplo Emilio González, profesor de economía de Comillas-ICADE. "Estamos gastando en cosas que no se necesitan", dice en referencia a la forma en que se diseñan los presupuestos de los diferentes departamentos. "En lugar de hacerlo con las tendencias habituales y de forma 'incrementalista', necesitaríamos hacer un presupuesto controlado en base a las necesidades", añade. 

"No hay que gastar por gastar"

"No hay que gastar por gastar como hemos hecho en el pasado", dice Josep Lladós Masllorens, profesor de Economía en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Ahora hay que ir directamente a invertir en aquello que sabemos que nos va a hacer aumentar la productividad o bien a cohesionarnos mejor a nivel social", apostilla poniendo el acento sobre la digitalización o las denominadas energías limpias.

En materia de la Administración, los expertos cuestionan la gran cantidad de ministerios que existen en la actualidad, en un momento en el que ya existe una avanzada descentralización de competencias. "Debemos ver si debemos mantener tantos", opina Lladós, al tiempo que cree necesario revisar la eficiencia con la que se despliegan las competencias transferidas a Comunidades donde proliferaron los aeropuertos o campus universitarios por doquier. 

Los expertos apuntan también a unas plantillas en ciertos niveles de la Administración con abuso de la figura del personal laboral y con un incremento exponencial del número de funcionarios autonómicos tras décadas de transferencias de competencias desde la Administración central. El año pasado se alcanzó un récord de gasto en empleados públicos del conjunto de las administraciones, con un desembolso de 130.000 millones de euros.

Para Lladós sería necesario además avanzar en la cultura de rendición de cuentas por parte de los gestores públicos. "Aquí nos contentamos con poner un techo al límite de déficit público, pero sin exigir que se rinda cuentas sobre el uso de los impuestos y en qué se han gastado", opina. Y cree necesario que de cara al futuro se implante un sistema de análisis coste-beneficio previo a la decisión de las inversiones. "Posiblemente, más que ahorrarnos dinero, lo que vamos a hacer es cambiar las prioridades. Y eso permitirá ser más productivos. En lugar de pensar reducir gasto público -que también- haremos un sistema fiscal mucho más eficiente, con el que atajaremos el déficit sin elevar impuestos", concluye. 

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