Publicado: 22/07/2019 05:15
La batalla del sector gasista por tratar de minimizar los recortes retributivos para el próximo periodo regulatorio incluidos en las circulares publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a comienzos del presente mes vira hacia el Gobierno, en cuyas manos podría estar la clave para alcanzar los objetivos de las compañías que intervienen en las actividades de transporte y distribución de gas. Uno de los puntos más destacados a los que se van a aferrar es el referido a la orientación de política energética al regulador que el Gobierno aprobó la pasada primavera, en la que se contempla el fomento de combustibles poco contaminantes (en los que el gas representa un papel fundamental) y del gas de origen renovable, factores que podrían ser incompatibles con una reducción drástica de las retribuciones de las redes.
Las orientaciones de política energética a la CNMC se recogen en una Orden del Ministerio de Transición Ecológica aprobada y publicada a comienzos del pasado mes de abril. En el apartado referido a la circular sobre retribuciones de la distribución de gas natural, el departamento que comanda, actualmente en funciones, Teresa Ribera señala que el régimen económico que el regulador establezca para esta actividad debería ser "compatible con la promoción del uso de los combustibles menos contaminantes y menos emisiones de gases de efecto invernadero", todo ello en aras a contribuir a la lucha contra el cambio climático.
El sector considera que el gas tiene una posición privilegiada para estas metas, dado que los combustibles que se elaboran a partir de este elemento generan un volumen de emisiones notablemente inferior al de los tradicionales. También la generación eléctrica con componente gasista, a través de los ciclos combinados, es menos contaminante.
Precisamente uno de los argumentos para tratar de que la CNMC dé marcha atrás en los recortes retributivos se basa en este punto. Las gasistas consideran que si la rentabilidad de las redes se reduce de forma drástica, especialmente en relación con la que se contempla en los países del entorno, difícilmente se podrá promocionar el uso de combustibles poco contaminantes, producidos a partir de gas.
La intervención del Gobierno
La orientación también habla de promover "la inyección de gases de origen renovable en las redes de distribución", una actividad que también resulta muy complicada de compatibilizar con un régimen que reduce en algo más de un 18% la retribución de las redes para canalizar este tipo de gas, aun menos contaminante.
El sector estima que el Gobierno tiene la posibilidad de esgrimir este argumento en el informe que elabore sobre la propuesta de la CNMC para ilustrar que el regulador actúa en dirección contraria a estas orientaciones, lo que forzaría la convocatoria de la llamada comisión de coordinación, en la que ambas partes deberían sentarse para acordar una solución definitiva.
En el Ejecutivo está puesto el foco de la estrategia de las gasistas para intentar, al menos, minimizar el impacto del recorte retributivo. Esta semana, la patronal Sedigas mantuvo un encuentro con el Gobierno en el que, además de exponerle las posibles consecuencias de la medida, le anunció su disposición a solicitar que se amplíe el plazo de alegaciones a la circular de la CNMC, que en principio finaliza el próximo 9 de agosto.
Los mensajes que se están trasladado al Gobierno desde la compañías es que los objetivos fijados en el Plan Integrado de Energía y Clima, que define la hoja de ruta de la transición energética, corren serio peligro si finalmente se aplicaran los recortes propuestos. Por el momento, algunas compañías distribuidoras han anunciado la paralización de sus inversiones, entre ellas Nedgia, filial de Naturgy, que cuenta con una cuota de mercado aproximada del 70%. También han hecho lo propio Madrileña de Gas y Gas de Extremadura. Otras como Redexis mantienen por ahora sus planes.
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