Francisco González reitera su intención de "colaborar con la Justicia"

Francisco González se vuelve a poner a disposición de la Justicia "con la mayor transparencia y objetividad", tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su imputación en el marco de la pieza número nueve del caso Tándem, que investiga el presunto espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo encargado por la entidad, tal y como ha señalado él mismo en un comunicado al que ha tenido acceso Vozpópuli. 

El que fuera presidente de BBVA asegura que fue él quien impulsó la investigación interna en la entidad después de que un medio de comunicación publicara en "mayo de 2018 la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Sr. Villarejo, por parte del Banco". Desde ese momento ha estado "máximamente interesado en colaborar con la Justicia, con la mayor transparencia y objetividad”, asegura. 

Tal y como adelantó Vozpópuli, Villarejo hurgó en la vida privada del exministro Miguel Sebastián a petición del banco. Según consta en grabaciones incautadas al propio ex alto mando de la Policía a las que ha tenido acceso este diario, BBVA pagó a Villarejo desde al menos 2005. 

En dichos audios, el excomisario reconoce a su compañero, el también excomisario Enrique García Castaño, que había realizado el trabajo encomendado por la entidad. Y apunta de forma directa a Francisco González, quién -según Villarejo- quería desestabilizar a Sebastián, a quien culpaba de ser el promotor de la OPA hostil que Sacyr ideó contra la cúpula del banco. Por este trabajo, tal y como apunta otra grabación, el exmando policial llegó a cobrar un bonus de BBVA.

Los imputados

Hasta el momento han sido imputados al menos ocho directivos y exempleados del BBVA. En la lista destacan el ex consejero delegado Ángel Cano, el ex jefe de seguridad Julio Corrochano y el propio Antonio Béjar, quien fue destituido de su cargo en la entidad en medio de los interrogatorios.

En el caso de Corrochano, que sería la persona que habría contratado a Villarejo, el juez le obligó a abonar una fianza de 300.000 euros para eludir su ingreso en prisión. A Béjar, por su parte, se le pidió en un primer momento que pagara una fianza de 500.000 euros, pero tras reconocer las contrataciones, los fiscales de Anticorrupción retiraron la petición.

Ahora, el titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, deberá decidir si acepta o no la petición de Anticorrupción sobre la imputación del Francisco González.