Los fondos asumen la suspensión del alquiler: "El problema está en los millones de caseros particulares"

Los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda ya cuentan en general con el escenario de una moratoria, impuesta por el Gobierno o incluso por decisión propia, de los pagos de los alquileres por sus inquilinos, en el actual contexto de crisis y confinamiento, según señalan fuentes de mercado a Vozpópuli.

Públicamente, la división de inversión en gestión de vivienda a largo plazo de Azora, Lazora (50% de vivienda libre y 50% de vivienda protegida), ha anunciado que permitirá que cualquiera de sus 7.000 inquilinos se acoja a una moratoria de plazos de hasta un año para pagar las rentas del estado de alarma, siempre que cumpla los criterios fijados por el Real Decreto de moratoria de hipotecas. 

A preguntas de este medio sobre una decisión generalizada, fuentes de Azora (con unas 13.000 viviendas en total en España) responden que, "de momento", solo se ha tomado para Lazora. 

"No hay ningún operador en el mercado de alquiler que vaya a hacer una política beligerante con inquilinos. Habrá muchos casos de vulnerabilidad y el sector actuará con especial sensibilidad", asegura a Vozpópuli una fuente cercana a otro fondo de inversión inmobiliaria con importante presencia en España. "El desafío está más en el 95% de los inquilinos cuyo casero es un individuo que vive de ese alquiler".

División

El asunto, tal y como ha informado este medio, ha profundizado la división en el Gobierno entre la línea de la vicepresidente económica, Nadia Calviño (contraria a la moratoria del alquiler), y la del vicepresidente social, Pablo Iglesias (favorable a su imposición). 

En España, según distintas estimaciones, existen alrededor de cinco millones de viviendas en alquiler (el 20% del total), de las cuales unas 180.000 pertenecen a grandes tenedores como fondos de inversión y bancos. Blackstone es el mayor casero con unas 32.000. Otro 2% pertenece a la Administración Pública y el 95% restante, unas 5,7 millones, a particulares.

Propuesta de ANA: tres meses al 50%, seis meses para devolver

Al margen de la cuestión ética de cada arrendatario en particular, desde la Agencia Negociadora del Alquiler reivindican que muchos de estos millones de particulares, "frente al estereotipo", no tienen una situación económica más holgada que la del inquilino sino que el alquiler es su principal fuente de ingresos, y piden una ayuda para ellos en caso de moratoria.

"Si se quieren poner en marcha medidas para ayudar al alquiler, en esta difícil situación que estamos viviendo, proponemos que se tomen medidas para las dos partes, y que el Gobierno pueda regular los pagos en el alquiler de la siguiente manera: reducción de la renta de alquiler un 50% durante los próximos tres meses (abril,mayo,junio) y un plazo hasta final de año (seis meses) para que los propietarios puedan recuperar esa reducción", pide José Ramón Zurdo, presidente de la ANA, en conversación con este periódico.

Inquilinos y propietarios vulnerables

Según los cálculos de ANA, entre los particulares hay al menos entre 570.000 y 855.000 de más de 55 años que están en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.

Por otra parte, el peso de los precios en la renta de los españoles lleva ya tiempo por encima de la media de los demás países europeos, siendo ya la diferencia de casi el doble en los sectores más vulnerables. Según esgrime Fotocasa, los alquileres crecieron un 50% de media en España desde 2014.

El portal inmobiliario ha sido una de las voces que se han alzado desde el propio sector inmobiliario en favor de la extensión de la moratoria al alquiler, pero bajo la fórmula de ayudas económicas a los inquilinos vulnerables para dar tranquilidad a los propietarios. Según estadísticas del mismo portal, el 15% de los arrendadores recurre al alquiler para afrontar una necesidad económica urgente.

Fuentes del sector, paralelamente, remarcan que la cuestión de los precios obedece a un problema fundamentalmente de falta de oferta frente a la demanda, agravado por la incapacidad económica de esta. En esa línea, inciden en que la evolución de los precios daba ya a principios de este año muestras de estar llegando a su techo, al menos, en determinadas zonas de Barcelona y Madrid.