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Economía

Expertos de la Administración, las empresas y el regulador critican el veto al diésel en la futura Ley de Cambio Climático

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica

El Gobierno ultima el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo primer borrador generó polémica por la inclusión del veto a la venta de vehículos con motor de combustión en 2040. La falta de neutralidad tecnológica también ha sido objeto de controversia en el grupo de trabajo creado por la Fundación FIDE, que ha puesto también en solfa aspectos del borrador del anteproyecto como los relativos a la fiscalidad y la gobernanza.

Un grupo de trabajo integrado por profesionales de distintos sectores, que prestan sus servicios en ámbitos como la Administración Pública, la empresa privada, la administración de Justicia y también de organismos reguladores ha expuesto las conclusiones de sus debates en un documento en el que exponen su discrepancia con el hecho de que el Gobierno quiera prohibir la venta de los coches de combustión.

"No deberían prohibirse las tecnologías de combustión interna, dado que discriminarían escenarios donde los combustibles fósiles y los biocombustibles pudieran desempeñar un papel relevante en el proceso de transición energética".

Este punto también generó controversias en el propio grupo de trabajo, como reconoció Valentín Alfaya, director corporativo de prevención, calidad y medioambiente de Ferrovial y uno de los ponentes del informe. "En la movilidad, la electrificación debe ser un área prioritaria pero no debe significar la prohibición de los motores de combustión en una determinada fecha".

Colaboración público-privada

También en referencia a la movilidad, el grupo de trabajo de FIDE indicó que el anteproyecto debería hacer un mayor hincapié en la conveniencia de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril en detrimento de la carretera.

En su documento de conclusiones, FIDE también considera que el anteproyecto dedica un espacio muy reducido a tratar asuntos como la fiscalidad y la financiación de una estrategia que requerirá la aportación de más de 230.000 millones de euros en la próxima década.

El grupo de trabajo considera que el anteproyecto debería sentar las bases de "un nuevo esquema fiscal que cumpla los objetivos que se esperan". Ese esquema debería permitir que se aplique en toda su extensión del principio de "quien contamina, paga" así como el de "quien descontamina, desgrava". "Una fiscalidad verde debe ser la base de una normativa como ésta", apuntó Alfaya, que también incidió en la necesidad de potenciar los planes de colaboración público-privada, toda vez que el sector público será incapaz de aportar todo el dinero que se necesita para financiar la transición energética.

Un escudo contra ciclos electorales

FIDE aplaude que el anteproyecto dedique todo un capítulo a la gobernanza del cambio climático, aunque considera insuficiente la figura del comité de expertos porque "no queda claro si se pretende crear una genuina autoridad administrativa independiente o un órgano colegiado asesor del Gobierno".

En este punto, el grupo de trabajo estima indispensable la creación de la figura de una autoridad independiente, con un verdadero poder ejecutivo para hacer respetar la hoja de ruta que finalmente se establezca para llevar a cabo la transición energética, de modo que su marcha no quede al albur de posibles cambios políticos y de los ciclos electorales.

El documento no cuestiona los objetivos que se marcarán en el anteproyecto de Ley, que permitirá a España cumplir con sus compromisos medioambientales en el marco de la Unión Europea y que supondrán que para 2030 el 70% de la energía para la generación de electricidad debe provenir de fuentes renovables. Eso sí, los define, en general, como muy ambiciosos, aunque en este aspecto también ha habido discrepancias, ya que algunos componentes del grupo de trabajo aseguran que la normativa podría avanzar mucho más.

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