El exdueño de Pocoyó monta un despacho de abogados que carga contra jueces

"Ofrecemos todo tipo de asesoría legal y acompañamiento, especialmente en asuntos relacionados con corrupción en la Administración de Justicia, en las Administraciones Públicas y en el mundo de la empresa", dicen desde el flamante despacho de abogados Dédalo Legal.

Entre sus socios responsables aparece el fundador de Zinkia (la productora del dibujo animado Pocoyó) y Conde de Floridablanca, José María Castillejo, "víctima" de un batalla empresarial y judicial tras la que ha perdido de facto el control de la compañía a manos de su exsocio, el mexicano Miguel Valladares. "Somos un conjunto de profesionales que hemos sufrido o sufrimos las consecuencias de la corrupción y estamos, por ello, especialmente sensibilizados y comprometidos con el ataque a la misma", reivindican desde el despacho.

Una de sus primeras querellas ha sido presentada contra dos juezas que supervisaron el proceso tras el que Castillejo perdió el control de Zinkia

El bufete comenzó a funcionar recientemente. Una de sus primeras querellas ha sido presentada contra dos juezas que supervisaron el proceso del concurso de acreedores y subasta judicial tras el que Castillejo perdió el control de Zinkia a manos de Valladares. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado "diligencias previas" por esta querella por presunta prevaricación y falsedad documental continuada de los jueces. En la querella se pone de relieve una supuesta relación sentimental entre una de las juezas (del juzgado 10 de Madrid) y el procurador de Valladares, como así también una presunta prevaricación continuada por parte de la jueza que reemplazó a la anterior (del juzgado 11). La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Castillejo sobre un posible delito penal en el cambio de manos. Paralelamente, un juzgado de lo mercantil ha anulado la junta de accionistas en la que se echó a Castillejo por defectos en su constitución, una resolución que ha sido recurrida por los actuales propietarios de Zinkia.

Tres socios y 7 abogados

Castillejo, en cualquier caso, no está solo. Ha montado Dédalo de la mano de otros dos socios, ambos de Granada. El primero, el socio director, es Francisco José Sánchez Ramón. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y "especializado en Derecho Administrativo, Urbanístico y Contratación", es actualmente el Presidente de la Asociación Mediterránea Anti corrupción y por la Transparencia (AMAyT), que asegura llevar "más de doscientos asuntos anticorrupción en todo el territorio nacional" vinculados con asuntos como "la Trama Amat, el caso Hispano Almería, la Operación Poniente, el Caso UGT en Sevilla, la corrupción en Coto de Doñana, vertidos residuales en la Costa Tropical y una impugnación ante el Constitucional de la Ley de Contratos del Estados".

El otro socio, Rogelio Vargas Rodríguez, es también licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y ahora Letrado Director de la AMyT. En su haber dice contar con una "amplia experiencia en áreas de Derecho Mercantil (expropiaciones), Penal (delitos societarios) y Derecho Administrativo (urbanístico y otras)" y el haber sido letrado "durante años de varias entidades financieras nacionales. (Banco Bilbao, Banco de Andalucía y Banco Popular)". 

Siendo ambos socios granadinos e integrantes de la AMyT, no es de extrañar que otra de las querellas ya presentadas por el despacho tenga que ver con Granada. En concreto, una por la "falta de depuración de aguas" en "determinados municipios" de la "Costa Tropical" granadina, "con grave riesgo para la salud pública y miles de personas como posibles afectadas", que ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a abrir diligencias de investigación.

Más allá de Castillejo, Sánchez y Vargas, con el despacho colaboran también más abogados, contando en total con un grupo de siete. El bufete dice así ofrecer cobertura especializada en "todo lo relacionado con asuntos de tráfico mercantil", la "presentación y seguimiento de querellas contra funcionarios públicos, entre los que incluimos a funcionarios de la Administración de Justicia como Jueces, Fiscales o Letrados de la Administración de Justicia", "reclamaciones patrimoniales al Estado, derivadas del mal funcionamiento del mismo o de la inacción activa o pasiva por parte de funcionarios -como Jueces o otros oficiales del Estado- a la hora de asumir sus responsabilidades", y representación por irregularidades "ante Organismos Internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y Organismos dependientes de Naciones Unidas".