Energía

La estrategia de Ribera para que no suba la luz amenaza inversiones de 2.000 millones de euros

La orden de peajes eléctricos planteada por el Ministerio propone la supresión de los pagos por disponibilidad, lo que ha encendido las alarmas de empresas como Engie, Shell y Alpiq, propietarias de ciclos combinados que serían económicamente inviables si se confirma la medida

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE

La propuesta de orden de peajes eléctricos para 2019 del Ministerio de Transición Ecológica ha provocado un terremoto entre los productores energéticos independientes debido a que entre los elementos que permiten que permanezcan sin cambios respecto de los del presente ejercicio se encuentra la supresión de los pagos por disponibilidad a los ciclos combinados. Una medida que, de confirmarse, supondría un recorte de ingresos de 20 millones de euros y condenar al cierre a buena parte de estas plantas en las que empresas como Engie, Shell y Alpiq han invertido cerca de 2.000 millones de euros.

El contenido de la propuesta cayó como una bomba entre los componentes de la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (Aprie), hasta el punto de que su presidente, Alfonso Pascual, llegó a asegurar en un encuentro con periodistas que pensaba que se trata de un error de transcripción.

Los productores independientes trabajan a marchas forzadas para presentar en plazo, que finaliza el próximo viernes, las correspondientes alegaciones, en las que harán hincapié en que la propuesta definitiva debe hablar de que la supresión de los pagos por disponibilidad sea una cuestión de prudencia y no de necesidad, como reza el texto sometido a consulta.

La asociación, cuyos miembros poseen ciclos combinados con una capacidad instalada de 4.000 megawatios, insiste en que incluso con los pagos que están recibiendo ahora no llega a cubrirse la totalidad de la inversión operativa por lo que una parte importante de estas centrales no llegarán a amortizarse a lo largo de su vida útil.

En juego, 600 empleos

De este modo, si se confirma la supresión, lo que empezará a estar en el aire serán, entre otras cuestiones, las nóminas y el pago de los impuestos, es decir, la viabilidad de los ciclos combinados. En términos de empleo, podría suponer la supresión de hasta 600 puestos de trabajo.

"El peso de este capítulo en los peajes y su repercusión en el recibo de la luz es insignificante", apuntó Pascual, en contraste con los efectos que tendría la medida para las empresas. No obstante, elevar los peajes, que llevan unos cuantos años congelados, provocaría un incremento en los precios eléctricos, precisamente una de las principales batallas que pretende librar el Ministerio de Transición Ecológica.

El recibo eléctrico vuelve a subir
El recibo eléctrico vuelve a subir Tere García

En mitad de esta encrucijada se encuentra una industria que también manifiesta su malestar por el hecho de no haber sido consultados ni recibidos por parte del Gobierno, pese a las numerosas peticiones que le han hecho llegar conforme se aproximaba la fecha para elaborar la orden de los peajes.

El presidente de la Aprie señaló incluso que esta circunstancia llevó a pensar a los asociados que la actual situación se prorrogaría, al menos provisionalmente, teniendo en cuenta además de que tanto la Ley de Transición Energética en España como el denominado paquete de invierno en la Unión Europea se encuentran en fase de tramitación.

Batalla legal

"El anterior Gobierno nos había trasladado una sensación de continuidad que se ha dado la vuelta por completo", lamentó Pascual, quien confía en que el Ministerio rectifique, incluso con la ayuda del preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pese a que no tiene carácter vinculante.

Los productores independientes de energía eléctrica consideran que el papel de los ciclos combinados en el proceso de la transición hacia el nuevo modelo va a ser importante, toda vez que el peso del carbón en la generación se va a reducir de forma notable a partir de 2020, con el cierre de casi diez centrales que no cumplen con las exigencias medioambientales que exige Bruselas.

Sede de la CMNC.
Sede de la CMNC. Tere García

"Estamos dispuestos a mantener nuestras inversiones en España pero necesitamos un poco de ayuda, en forma de certidumbre regulatoria", concluyó el presidente de Aprie. Antes de final de año, el Ministerio de Transición Ecológica debe aprobar la orden de peajes definitiva. Si no hay modificaciones en relación con los pagos por disponibilidad, los productores independientes están dispuestos a dar batalla legal.

"Creemos que no es lo mejor pero tenemos que defender a nuestros accionistas, trabajadores e incluso los entornos en los que se sitúan las centrales". Eso sí, por el camino no tendrán otra opción que comenzar a tomar medidas traumáticas.

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