Quantcast

Economía

La macrocefalia de la Administración en tiempos de covid: ni el Estado sabe cuántos funcionarios teletrabajan

La descentralización territorial dificulta conocer la realidad del trabajo entre los empleados públicos

Carolina Darias.

En España hay 2,6 millones de empleados públicos: 1,4 millones son funcionarios de carrera, 581.294 son empleados laborales y 560.717 son calificados como otro personal. Muchos de ellos -a excepción de los sanitarios, los profesores, los cuerpos de seguridad y los que son considerados esenciales en su atención al público- han tenido que dejar de trabajar de forma presencial y adaptarse al teletrabajo o, en algunos casos, quedarse en casa sin trabajar. 

Es el caso del personal no esencial pero cuya actividad sólo se puede realizar presencialmente (desde un ordenanza hasta un chófer) y que tienen permiso para quedarse en casa sin trabajar cobrando el mismo sueldo del Estado, ya que no han sufrido ninguna reducción de sueldo ni tampoco han sido incluidos en ninguna suerte de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como han pedido organizaciones empresariales. Esto supondría un ahorro para el Estado y los contribuyentes, que gasta anualmente 127.000 millones de euros en nóminas.

Independientemente de que el Estado se haya planteado o no una suspensión o reducción de jornada para esos empleados públicos, el problema está en que la complejidad administrativa impide al propio Estado conocer cuántos trabajadores públicos están yendo a trabajar, cuántos están teletrabajando y cuántos no hacen ni una cosa ni la otra. 

De los 2.595.575 empleados públicos del país, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sólo sabe dar cuenta de lo que ocurre con los 231.760 trabajadores de la Administración Central del Estado.

[singular-iframe src='https://datawrapper.dwcdn.net/NFB5L/2/']

Un 8% en la Administración Central ni va a trabajar ni teletrabaja

Ahí se incluyen los trabajadores de Ministerios (93.300), los de Organismos autónomos (63.989), los que trabajan en Entidades públicas empresariales (22.017), en Agencias estatales (14.039), en Autoridades administrativas independientes (1.552), en Universidades públicas no transferidas a las comunidades (2.475) y en otros entes de Derecho Público (34.388).

De ellos, solo 49.667 personas siguen yendo a trabajar presencialmente, un total de 111.472 trabaja de forma no presencial (teletrabajo, trabajo en remoto o por teléfono), 3.163 se encuentran a día de hoy en aislamiento -por contagio o relación con algún infectado de coronavirus-, y el resto está en casa sin trabajar. Aproximadamente un 8% del total, según los datos del Ministerio actualizados a 8 de mayo. 

Además de la Administración Central, pertenecen al grupo de Administración General del Estado (AGE) las Fuerzas Armadas (adscritas al Ministerio de Defensa), el cuerpo de Policía Nacional y la Guardia Civil (adscritas a Interior). Entre los tres cuerpos emplean a 257.816 empleados públicos, pero ninguno de los dos ministerios facilita datos de cuántos de ellos están trabajando desde casa.

También se incluyen en la AGE los 24.378 funcionarios de la Administración de Justicia, que en su inmensa mayoría se han quedado en casa sin trabajar ante la suspensión de la actividad judicial en España y la imposibilidad de teletrabajar por no disponer de los mecanismos necesarios. El Ministerio ya está trabajando en la 'desescalada' de los juzgados por turnos de mañana y tarde y habilitando parte del mes de agosto para recuperar el tiempo perdido. 

Las Comunidades, la 'joya de la corona'

En total, la AGE emplea a 513.923 empleados públicos, pero el grueso de los empleados públicos en España trabaja en las Comunidades Autónomas (1,5 millones de funcionarios) y otros 582.317 en las Corporaciones Locales (Ayuntamientos). 

No hay ningún organismo que haya recopilado los datos del teletrabajo en las 17 comunidades, ni siquiera el sindicato de empleados públicos CSIF, que reconoce a Vozpópuli que sería una tarea ardua, ya que habría que preguntar a cada comunidad una a una y muchas de ellas ni siquiera tienen los datos. 

[singular-iframe src='https://datawrapper.dwcdn.net/w6cZ6/1/']

La Comunidad de Madrid sí ha contabilizado y divulgado la situación del teletrabajo entre sus empleados públicos. Según sus últimas cifras publicadas, la Comunidad cuenta con 159.684 empleados públicos, de los que menos de la mitad sigue trabajando presencialmente: 77.683. De ellos, la mayoría son los sanitarios que han estado haciendo frente a la pandemia (65.254). El resto son trabajadores de Administración y Servicios (8.545) y de Educación y Justicia (3.884). 

En total, 55.090 empleados públicos de la Comunidad de Madrid están teletrabajando. De ellos, la mayoría son profesores (51.178) que atienden sus clases desde casa vía internet. 

Estos cálculos significan que en la Comunidad de Madrid hay 17.565 empleados públicos (un 10,9%) que ni trabaja presencialmente ni teletrabaja, pero que sí siguen ingresando su sueldo. 

[singular-iframe src='https://datawrapper.dwcdn.net/0cvud/1/']

Adquisición de portátiles para paliar carencias

En otras comunidades como Castilla y León -en la que hay 94.603 empleados públicos-, la Junta ha comunicado que de los 16.216 empleados que no pertenecen ni a Sanidad, ni a Educación ni al Instituto Tecnológico Agrario, un total de 6.000 están teletrabajando, según una información publicada por Europa Press.

En la Xunta de Galicia, por ejemplo, que según el Ministerio cuenta con 93.368 empleados públicos, un 18% de ellos trabajan en servicios centrales y el resto en Sanidad, Educación y Justicia. De ese 18% (16.806), un 80% está teletrabajando (13.444), mientras que otros han recibido un permiso para quedarse en casa sin trabajar. Entre ellos figuran los guardacostas, agentes forestales, prevención de incendios o emergencias, chóferes o conserjes, según detalla el diario La Voz de Galicia.

La necesidad de implantar el teletrabajo entre aquellos empleados públicos cuyas funciones sí son susceptibles de hacerse en remoto ha llevado a muchas comunidades a licitar contratos públicos en este periodo para la compra de ordenadores portátiles. Cataluña, por ejemplo, compró 8.000 a finales de marzo y Andalucía 400 hace sólo una semana. 

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.