El Estado se arriesga a otro aluvión de demandas internacionales por los recortes al sector del gas

Las propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las retribuciones a las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas han provocado un fuerte terremoto en el sector que, además, amenaza con tener consecuencias muy negativas para el Estado. No en vano, España podría revivir la pesadilla de la cascada de demandas internacionales que se plantearon contra el Estado a raíz de la reforma energética de 2013, que incluyó un notable recorte a las primas de las energías renovables. La mayoría de los más de 30 procedimientos planteados en diferentes tribunales de arbitraje aún están abiertos y las demandas suman más de 7.500 millones de euros.

Los recortes planteados por la CNMC afectan especialmente a la actividad gasista, algo que ha sido justificado por el organismo regulador en el hecho de que no se prevén inversiones importantes en este ámbito, frente al eléctrico, que será un pilar fundamental para la transición energética. Así, las propuestas recogidas en los borradores, que serán sometidos a consulta pública hasta el próximo 9 de agosto, incluyen una bajada de la retribución a la distribución de gas del 17,8% y del 21,8% para el transporte de gas.

Naturgy es la principal afectada por la primera de estas actividades, aunque no la única. Una serie de compañías, de menor tamaño y que operan en ámbitos regionales, también se dedican a la distribución gasista. Y se da la circunstancia de que la mayoría está controlada por fondos internacionales. En el caso de Naturgy, dos de sus principales accionistas también son grandes fondos y suman un 40% del capital tras una inversión conjunta de 4.000 millones de euros.

Las cifras han caído como una bomba en el entorno de los inversores. El cálculo de las retribuciones para el nuevo periodo regulatorio (en el caso de las actividades gasistas, 2021-2026) incluye un cambio en la metodología, basada en el coste medio ponderado de capital. Una circunstancia que podría dar pie a que, si los recortes se mantienen tras la consulta pública y el Gobierno decide llevarlos a cabo, volvieran los fantasmas de la inseguridad jurídica y el recurso de las reclamaciones ante los tribunales internacionales.

La última palabra del Gobierno

La amenaza para la Administración es doble, ya que este posible escenario se produciría en una etapa en la que el proceso de transición energética demanda ingentes cifras de inversión, la mayor parte de la cual debe proceder del ámbito privado. La hoja de ruta del Plan Integrado de Energía y Clima contempla inversiones superiores a los 230.000 millones de euros en los próximos diez años (más de 40.000 en lo referido a redes). Una nueva oleada de demandas contra el Estado iría notablemente en contra de España como destino para los fondos interesados en participar en la transición.

En el caso del transporte de gas y regasificación, el impacto recae sobre Enagás, como gestor del sistema, lo que explica el fuerte castigo que ha sufrido en Bolsa en las últimas horas. En este sentido, la compañía remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) poco después de conocerse las propuestas del regulador en el que recuerda que el Gobierno tiene la potestad de emitir un informe sobre la adecuación de las propuestas de circulares a las orientaciones de política energética.

"En caso de divergencia la Ley prevé la posibilidad de convocar la Comisión de Cooperación como mecanismo de conciliación previa que tendrá por objeto alcanzar una solución consensuada entre la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica", reza el comunicado. Toda vez que el notable recorte de las retribuciones podría provocar una huida de inversores o bien un cambio de planes en los que se planteaban apostar por España, esta circunstancia iría en contra de la orientación de política energética, ya que la inversión en redes es un elemento fundamental para múltiples aspectos contemplados en el PIEC.

En la misma línea pero mucho más directo y contundente ha sido el mensaje de la patronal Sedigas, que asegura que las retribuciones propuestas ponen en serio riesgo la consecución de los objetivos de transición energética marcados por el Gobierno.

Una retribución inferior a la media de la UE

Menos impacto ha causado la propuesta para la actividad en el sector eléctrico, habida cuenta de que la retribución a la distribución para el nuevo periodo regulatorio (en el caso de la electricidad, 2020-2025), del 5,58%, ya había sido barajada por la CNMC a finales del pasado año. Sin embargo, esto no quiere decir que las compañías afectadas estén conformes con el regulador.

Como sucede en el caso del gas, el sector considera que el recorte podría suponer que un buen número de inversores decidiera apostar por otros mercados europeos, que también están llevando a cabo su transición energética, donde lograran mayor rentabilidad. En este sentido, fuentes del sector apuntan a que si la propuesta de la CNMC saliera adelante, la retribución sería casi un punto inferior a la media de los países miembros de la Unión Europea (6,41%) y dejaría a la española solo por encima de la belga y la holandesa. Francia, Gran Bretaña e Italia presentan cifras por encima del 7%, notablemente más atractivas para los inversores.

Por eso, la patronal eléctrica Aelec considera que la retribución propuesta es insuficiente con vistas a que las redes cumplan con el importante papel que se le atribuye en el PIEC.

No obstante, las aguas bajan mucho más tranquilas en la orilla eléctrica. Los tambores de guerra resuenan en la del gas. Todo apunta a unas semanas especialmente intensas hasta que finalice el periodo de alegaciones.