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Economía

España rechaza indemnizar a un fondo de Abu Dabi 'apadrinado' por Juan Carlos I

Juan Carlos I inaugura la planta de Masdar en Sevilla con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan

España mantiene el pulso en Estados Unidos con el emirato de Abu Dabi por los recortes a las renovables, el que quizá sea el arbitraje más incómodo de todos los que tiene abiertos. El pasado 31 de julio, España presentó un escrito ante la justicia norteamericana para pedir mantener suspendida la ejecución de un laudo de 64,7 millones a favor del fondo de inversión Masdar, perteneciente al emirato de Abu Dabi, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En 2008, Masdar llegó a un acuerdo con la empresa Seneter para constituir Torresol Energy y en 2011 puso en marcha tres centrales termosolares, una en Sevilla y otras dos en Cádiz. La inversión estimada fue de 940 millones. La inauguración se celebró por todo lo alto en Sevilla con la presencia del príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El acto fue apadrinado por el rey emérito Juan Carlos I, quien guarda una estrecha amistad con la familia real saudí.

No obstante, esta relación no sirvió para frenar la intención de Masdar de llevar a España a un arbitraje internacional para solicitar una indemnización por el recorte a las primas de las renovables. En febrero de 2014, el fondo registró una solicitud de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, donde se dirimen la mayoría de arbitrajes entre España y los inversores en renovables. A este respecto, cabe recordar que aunque Masdar pertenece a Abu Dabi, la inversión se gestionó a través de un fondo de Luxemburgo, de ahí que se recurriese a un arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía.

Masdar reclamaba al país una compensación de 260 millones de euros, pero el tribunal arbitral acordó a mediados de 2018 una indemnización sustancialmente inferior: 64,5 millones

En un primer momento, Masdar reclamaba al país una compensación de 260 millones de euros, pero el tribunal arbitral acordó a mediados de 2018 una indemnización sustancialmente inferior: 64,5 millones. La Abogacía del Estado, defensora de los intereses de España, logró una estimación de 25 años de la vida útil de las instalaciones (y no de 40) y también consiguió que el tribunal considerase legal el impuesto del 7% a la generación aprobado por el Gobierno

A partir de ahí, comenzó una larga travesía en el desierto para ambas partes. Por un lado, Masdar activó los recursos legales para ejecutar el laudo en Estados Unidos y cobrar cuanto antes. Por otro, España está disparando todas las balas procesales para dilatar el proceso mientras el Ciadi decide si lo anula o no.

España quiere anular el laudo

El último capítulo se escribió el pasado 31 de julio con un escrito del Reino de España en el que insta al juez a mantener suspensa la ejecución del laudo. El tribunal del Distrito de Columbia que lleva la ejecución acordó el 18 de septiembre de 2018 suspender la ejecución hasta que el Ciadi resolviese la petición de anulación del laudo presentada por España, algo que probablemente ocurra en noviembre.

De acuerdo con las normas del Ciadi, cuando se pide la anulación de un lado se puede pedir también como medida cautelar la suspensión de la ejecución de forma temporal. La corte del Banco Mundial acordó esta suspensión, y también lo hizo el tribunal de Estados Unidos, pero ahora el Ciadi ha acordado levantarla, movimiento que ha aprovechado Masdar para instar al juez norteamericano a que ordene la ejecución.

A esta petición España acaba de responder diciendo que por una cuestión de economía procesal no tiene sentido que el tribunal norteamericano levante la suspensión (aunque sí lo haya hecho el Ciadi) hasta que el Banco Mundial no se pronuncie sobre la solicitud de anulación del laudo. 

La ejecución del arbitraje de Masdar no es la única que España tiene abierta en la justicia norteamericana. Otros inversores también han optado por acudir a Estados Unidos para acelerar el cobro de las indemnizaciones, pero España ha dejado claro que no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente y ha pedido anulaciones de todos los laudos. Pese a los numerosos arbitrajes perdidos, lo cierto es que a día de hoy España todavía no ha desembolsado ninguna compensación.

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