Economía

España cruza los dedos para no pagar 1.000 millones por la guerra de las renovables

El CIADI está a punto de decidir si anula o no el laudo de Eiser que condena a España a pagar 128 millones por el recorte de las renovables. Esta decisión marcará el resto de laudos condenatorios

Molinos de viento.
Molinos de viento. Jason Blackeye

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la corte de arbitraje del Banco Mundial, mantiene en vilo al Reino de España y a los inversores en energías renovables. El CIADI, la corte en la que se dirimen la mayoría de arbitrajes entre España y los inversores afectados por el recorte de las primas, está a punto de determinar si el laudo Eiser, el primero que condenó a España por este tema, debe ser anulado o no. En función de la decisión del centro, España podría abrir la puerta a salvarse de pagar una factura que se acerca a los 1.000 millones de euros.

Así consta en un escrito conjunto presentado este martes por los abogados de la energética Eiser y el Reino de España en el procedimiento seguido ante la corte de Estados Unidos. El documento, que obra en poder de Vozpópuli, apunta que el CIADI tiene previsto resolver este asunto a mediados de febrero. Es decir, de forma inminente.

Respecto al sentido de la decisión, solo hay dos escenarios posibles: que el laudo de Eiser sea nulo o sea válido. Si el CIADI lo tumba, es muy probable que España trate de usar ese precedente para anular el resto de laudos dictados contra ella. Especialmente, todos aquellos que se hayan firmado en procedimientos arbitrales sustanciados bajo las normas de arbitraje CIADI. Este matiz es importante porque hay otros casos que se han dirimido en la Cámara de Comercio de Estocolmo, como por ejemplo el pleito con Novenergía, y su nulidad está en manos de la Corte de Apelación de Svea, en Suecia.

Por otro lado, si el CIADI acredita la validez del laudo, sería un jarro de agua fría para España. El Estado no podría anular esos laudos y solo le quedaría aferrarse a cuestiones procedimentales (como la inmunidad de jurisdicción) para evadir el pago con el apoyo de la Unión Europea y la jurisprudencia de casos como Achmea o bien llegar a acuerdos con los inversores para que renuncien a sus reclamaciones.

Está segunda opción va en línea con lo que el Gobierno plantea en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan “medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación”.

Eiser, el primer golpe a España

Eiser fue la primera compañía que logró una victoria frente a España por el recorte a las primas de las energías renovables. La energética y su filial luxemburguesa presentaron la solicitud de arbitraje en diciembre de 2013 ante el CIADI invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

La compañía llevó a España ante la corte del Banco Mundial por el impacto que tuvieron las reformas del Gobierno sobre dos plantas de energía fotovoltaica que tiene en Extremadura y Castilla-La Mancha. En mayo de 2017, España fue condenada a pagar 128 millones y días después Eiser presentó una petición de reconocimiento del laudo ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), que es el procedimiento anteriormente citado.

Fue entonces cuando España pidió la anulación del laudo tras escudarse en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Un mes después, hizo lo propio ante el CIADI con otra solicitud de nulidad, donde además acusó a uno de los árbitros del tribunal de un presunto conflicto de intereses que había ocultado.

Una factura de casi 1.000 millones

Por ahora, España ha sido condenada por este mismo asunto en más de una decena de ocasiones: Eiser (128 millones), Bridgepoint (80 millones), SolEs Badajoz (41 millones), Nextera (290 millones), HSBC (92 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Demeter y Cube (33,7 millones), Schwab Holding/OperaFund Ecoinvest (27 millones) y Infrared Environment Infrastructure, (reclamaba 92 millones, pero se desconoce la indemnización final). 

No obstante, el Estado también se ha anotado victorias con laudos favorables en la Cámara de Comercio de Estocolmo contra Isolux y Charanne. También logró imponerse a la alemana Stadtwerke München y al fondo BayWa.

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