Energía

El bono social provoca la primera gran bronca de Nadal con las eléctricas, que ya miran a los tribunales

El nuevo Ministerio de Energía reformará el sistema para beneficiar en la tarifa a los colectivos vulnerables pero su financiación volverá a recaer en las compañías del sector, que ya cuentan con dos sentencias del Supremo a su favor por esta cuestión.

Álvaro Nadal, ministro de Energía
Álvaro Nadal, ministro de Energía EFE

Los primeros pasos de Álvaro Nadal al frente del Ministerio de Energía ya han levantado ampollas entre los principales operadores del sector eléctrico, a propósito de la reforma del bono social. Después de que el Tribunal Supremo haya tumbado en dos ocasiones la financiación de este sistema de protección de los colectivos vulnerables por recaer en los operadores, el Ejecutivo parece volver a la carga y diseña un sistema en el que las empresas volverán a costearlo. Algunas de las grandes del sector lo consideran incluso un ataque personal del ministro.

Nadal anunció este jueves que trabaja en la redacción de un Decreto-Ley para regular el bono social y, de esta forma, evitar que la Justicia vuelva a tumbar su financiación, como ha hecho ya en dos ocasiones. Tras reunirse con los grupos políticos en el Congreso, Nadal adelantó que el bono social será sufragado por todas las empresas comercializadoras, al contrario de lo que sucedía hasta ahora, cuando su coste recaía tan sólo en las verticalmente integradas (es decir, las que participaban en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de energía).

El cambio supondría que la factura del bono social pasarían a pagarla más de 200 empresas frente a las poco más de 20 que lo hacen en la actualidad (aunque la práctica totalidad se concentra en las cinco grandes). Sin embargo, en la práctica la modificación es mínima, toda vez que las principales eléctricas acaparan el 80% del área de comercialización y, por lo tanto, volverían a cargar con todo el peso.

Basándose en las sentencias del Supremo y también en la doctrina de los tribunales europeos de Justicia, las compañías defienden que estas obligaciones de servicio público no deben ser asumidas por ellas. Como sucede con los grupos políticos, ninguna se opone a la existencia del bono social y están dispuestas a colaborar en su implantación. Sin embargo, y ahí viene la discrepancia, no están dispuestas a sufragarlo. Y la Justicia les ha dado la razón en dos ocasiones.

Se repite la historia

En 2013, el entonces secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, hermano del actual ministro, rediseñó el bono social debido a la publicación de la primera sentencia contra la financiación del sistema. Exactamente igual que sucede ahora, el Gobierno aseguró que el nuevo sistema corregía los errores del anterior y se adaptaba a lo dictado por el Supremo. Sin embargo, volvió a toparse con los recursos de las compañías nada más entrar en vigor. Y poco más de dos años después, los jueces les volvieron a dar la razón.

De ahí que, a la espera de los acontecimientos, las grandes compañías ya estén con la vista puesta en los tribunales, a los que no dudarán en acudir si la nueva normativa que regule el bono social vuelve a contemplar que su coste recaiga en ellas.

Las compañías afean al ministro Nadal que haya cargado contra la sentencia del Supremo y que no esté contando con ellas para diseñar la nueva financiación del bono social. Los operadores cuentan con numerosas propuestas al respecto, especialmente dirigidas a redefinir los colectivos que deben ser bonificados con un descuento del 25% en la tarifa. Sin embargo, todos coinciden en que, en ningún caso, deben ser ellos los que aporten el dinero sino éste debe salir de los Presupuestos Generales del Estado.

Una declaración de intenciones

Tanto las líneas marcadas por Nadal como sus palabras en el Parlamento han sido consideradas como un ataque a su línea de flotación por parte de las grandes eléctricas. “Ha sido toda una carta de presentación, para señalarnos lo que nos espera”, apuntan en una de ellas.

En el sector también tienen claro que el capítulo del bono social tiene un claro componente político y más después del trágico accidente en el que una vecina de Reus murió en su domicilio a causa del incendio provocado por unas velas que había tenido que encender porque Gas Natural Fenosa le había cortado el suministro de electricidad por impago.

Las reacciones contra las operadoras no se han hecho esperar así como el florecer del debate sobre la pobreza energética. Hasta el punto de que una oficina comercial de Endesa en Manresa ha sufrido cuantiosos desperfectos a causa de un ataque anónimo.

A la espera de lo que pueda suceder con el trámite del bono social, la relación entre las grandes compañías eléctricas y el ministro Nadal no ha comenzado con bien pie.



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