Los presupuestos del Gobierno y Podemos dinamitan los puentes con la CEOE

Las cosas han cambiado mucho desde el pasado junio, cuando Pedro Sánchez invitó al Palacio de la Moncloa a los máximos representantes de la patronal para intentar tender puentes en temas como empleo y pensiones. Desde entonces, las suspicacias de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el programa económico del Ejecutivo han ido in crescendo y han alcanzado su punto de máxima tensión en las últimas horas, cuando la entidad presidida por Juan Rosell ha denunciado que el Plan de Presupuestos 2019 pone en riesgo el crecimiento económico del país.

La patronal se opone al incremento del gasto público y de la presión fiscal en un momento especialmente complejo, en el que el cierre del grifo por parte del Banco Central Europeo, anunciado para las próximas semanas, la previsible subida de tipos de interés y la sombra de la desaceleración económica se ciernen sobre la economía española. En este caso, la aprobación de medidas que pueden afectar al ahorro y al empleo; e incrementar el déficit las consideran como inadecuadas.

El candidato único a relevar a Juan Rosell al frente de la patronal el próximo noviembre, Antonio Garamendi, reconocía este lunes en una entrevista ofrecida a la Cadena COPE su contrariedad por el acuerdo alcanzado el pasado jueves por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que incluye propuestas demagógicas e imposibles; y conducen a un escenario económico "peor" que el actual. 

“Es momento de tranquilidad y no de cambiar las medidas ya establecidas. Ahora no estamos mal, pero si nos pasamos lo podemos estar”, exponía.

“Es momento de tranquilidad y no de cambiar las medidas ya establecidas. Ahora no estamos mal, pero si nos pasamos lo podemos estar”, ha expuesto Garamendi

En la CEOE, han advertido durante los últimos meses de los efectos negativos que tendrá para el tejido productivo la creación o subida de impuestos para las transacciones financieras, para las empresas tecnológicas, para el gasóleo o para la actividad bancaria. También han mostrado sus reticencias con ideas como la que pasaría por eliminar las SICAV o las SOCIMI.

La patronal considera que en España no existe un problema de recaudación tributaria, como se demuestra en que en 2017 se obtuvo prácticamente la misma cantidad que en 2007, cuando se alcanzó el máximo histórico. A su juicio, lo que existe es un problema de gasto que no se debe subsanar con la subida de impuestos, y menos en un momento en el que se intuye una desaceleración para 2019.

La CEOE siempre ha llamado a priorizar la lucha contra el fraude fiscal sobre el incremento de la carga impositiva, dado que -calcula- podría ascender al 25% del PIB. El Ejecutivo se comprometió en junio a establecer una mesa de diálogo para tratar de atajar la economía sumergida en el ámbito laboral; sin embargo, todavía no ha celebrado ninguna reunión.

Reformas estructurales

Sobre el plan presupuestario que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas, la CEOE critica que no incluya ninguna fórmula para solucionar los "grandes retos" de la economía española, como la sostenibilidad del sistema público de pensiones o la reducción de la tasa de paro "a través de la promoción de las políticas activas de empleo". Tampoco ha formulado ninguna idea sobre industria, infraestructuras o transporte.

La organización se ha mostrado especialmente crítica con las previsiones de ingresos que ha realizado Moncloa este lunes, que incluyen una recaudación adicional de 1.500 millones de euros por la modificación del Impuesto sobre Sociedades, de 1.200 millones por la Tasa Google; y de 670 millones por el impuesto al gasóleo. A su juicio, es "improbable" que se alcancen estos números.

De hecho, el aumento de la carga impositiva podría implicar una fuga de capitales o la declaración de beneficios y/o dividendos en terceros países por parte de las empresas afectadas. Es decir, el efecto contrario al que se persigue.

Por otra parte, en los últimos días, la CEOE también ha acusado al Ejecutivo y a Podemos de torpedear el acuerdo que alcanzó el pasado junio con UGT y CCOO para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros en el ejercicio 2020.

A su juicio, la propuesta planteada por los dos principales partidos de izquierda, relativa a incrementar el SMI a 900 euros en 2019, supone un golpe al diálogo social.