Publicado: 04/04/2018 05:15
Álvaro Nadal encargó el pasado verano a un grupo de expertos en energía la elaboración de un informe en el que se propusieran diferentes escenarios para cumplir con las exigencias de descarbonización de la economía que se fijan en el Acuerdo de París contra el cambio climático. El documento se hizo público este lunes e incluye varios votos particulares -56 páginas- que cuestionan la falta de ambición del texto a la hora de proponer medidas para cambiar el actual sistema energético español y poner fin a su situación de oligopolio, que afecta a la competencia y a los consumidores.
Las discrepancias del informe ponen de manifiesto la dificultad que existirá para aprobar una gran reforma energética en España, ante el desacuerdo existente entre las formaciones políticas a la hora de definir el marco fiscal, la financiación autonómica o el peso concreto de las nucleares, el carbón, el gas y las renovables en el futuro 'mix energético'.
Entre quienes se abstuvieron en la votación final del informe se encuentra Jorge Aragón Medina, propuesto para el grupo por Comisiones Obreras, y quien en su voto particular señala las disfunciones que genera en España el hecho de que las cinco grandes empresas copen el 80% de la generación, el 100% de la distribución y el 90% de la comercialización de la electricidad, lo que “genera de forma permanente tendencias a "prácticas colusivas" con la competencia y abuso de la posición de dominio”.
Aragón Medina también lamenta la falta de capital público en estas empresas y la “situación de secuestro del regulador” (CNMC) que se produce en España. Esto provoca que quien determine “las inversiones y las actuaciones en generación eléctrica” sean principalmente “las empresas eléctricas”, que responden “a intereses privados o de otros Estados”, lamenta.
El vocal considera necesario realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico para corregir los posibles fallos en la fijación de precios y conocer los costes reales de cada tecnología. También defiende la necesidad de establecer el un impuesto para las fuentes de energía que emiten CO2 y otros contaminantes. Aragón Medina considera que el informe no propone soluciones al déficit que generará el desmantelamiento previsto de las centrales nucleares. Para paliar este problema, apuesta por destinar a este fin una parte de la tasa del 7% sobre la generación eléctrica.
Informe lampedusiano
De una forma más contundente se expresa en su alegato Josep María Salas i Prat, propuesto para el grupo por ERC, quien lamenta la precipitación de Nadal a la hora de encarar la transición energética, lo que ha provocado que la Comisión de Expertos haya tenido que realizar el informe sin tener definidos los objetivos de descarbonización que deberán alcanzar los países de la UE en 2030. Además, considera “especialmente grave” la “nula movilización de recursos materiales y económicos para el debate y diseño” de la citada transición energética en España, al contrario que ha ocurrido en otros países europeos.
En su opinión, el documento tiene “tintes lampedusianos”, en cuanto a que propone que todo cambie para que todo siga igual. Básicamente, porque defiende un cambio en el ‘mix energético’, pero manteniendo un modelo centralizado de generación, participación y gestión del sector, lo que –a su juicio- perpetuará la situación de oligopolio.
Salas i Prat considera "especialmente grave" la falta de recursos con la que ha contado el grupo de expertos
El experto también se muestra en contra del aumento del peso del gas -que sugieren los análisis que incluye el informe -como consecuencia de la insuficiente penetración de las energías renovables.
Por otro lado, al igual que Cristóbal José Gallego y que Aragón Medida, cree que se debería redoblar la apuesta por el autoconsumo y eliminar las trabas que la legislación actual impone en este sentido.
El vocal denuncia que el documento aprobado no ahonde en el hecho de que el ciudadano sea quien sufraga “mayoritariamente” los costes del sistema, lo que sitúa al consumidor “siempre en una posición débil”. Salas i Prat también cree que el informe debería haber incidido de una mayor forma, por un lado, en el impacto del CO2 sobre la salud de la población y, por otro, en la electrificación de los medios de transporte.
Optimismo con la energía nuclear
También es especialmente extenso el voto particular presentado por Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de Energía y elegido por Podemos para el grupo. En su alegato, lamenta la falta de tiempo y de recursos con los que ha contado la Comisión para realizar su informe, así como la insuficiente ambición de los objetivos de descarbonización existentes.
Gallego afirma que el autoconsumo recibe un trato ambiguo en el informe y plantea dudas sobre los escenarios que se han planteado para 2030 y 2050 con respecto al gas, dado que se le ha asignado un papel “muy relevante” en la primera fecha, pero “casi testimonial” en 2050, lo que podría generar problemas a quienes inviertan en el sector gasista. A su juicio, este conflicto debería minimizarse mediante la máxima reducción posible –en 10 y en 30 años- de los hidrocarburos.
El experto también incide en que el análisis sobre la energía nuclear es excesivamente optimista, puesto que no tiene en cuenta informes como el de World Nuclear Industry Status Report, que redunda en los cierres anticipados de centrales que se están produciendo en Estados Unidos, Japón, Suiza, Suecia o Taiwán –en parte, motivados por la competitividad de las renovables-, en que la potencia nuclear mundial en 2040 se espera que sea el 50% menor que la actual y en que en 9 de los 14 países donde se están construyendo instalaciones nucleares se han producido retrasos de varios años en todos los proyectos, China incluida.
Sobre este tema, llama a tener en cuenta que los propietarios de las centrales nucleares españolas puedan decidir en un futuro dejar de explotarlas “por cuestiones puramente de rentabilidad económica”, ante el auge de las renovables.
En 9 de los 14 países donde se están construyendo instalaciones nucleares se han producido retrasos de varios años en todos los proyectos
El profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid José Luis de la Fuente apostilla el informe con una serie de reflexiones en las que, entre otras cosas, pide tener en cuenta los efectos sobre el empleo que generará en España la transición energética, así como el problema del cambio climático, que puede ocasionar “importantes carencias hídricas” en el país.
Sea como fuere, en los votos se destaca el tono constructivo de los debates y el trabajo realizado por el grupo durante los últimos meses.
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