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Las quejas de los operadores de drones: "El 50% de los trabajos que se hacen son ilegales"

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea asegura que no ha concedido todavía ninguna licencia para volar en ciudad porque los operadores no cumplen con los requisitos de seguridad

Un dron con una cámara de vigilancia
Un dron con una cámara de vigilancia Unplash (CC)

Los operadores de drones están molestos. Han pasado ya más de seis meses desde que se aprobara la nueva ley sobre drones que habilitó su uso profesional urbano y nocturno pero todavía no hay ningún operador con esa autorización en España...y no porque ninguno de los 3.000 operadores que existen en el país lo haya pedido.

Según datos de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a los que ha tenido acceso Vozpópuli, 160 operadores han pedido autorizaciones para volar en urbano/nocturno pero ninguna ha tenido una respuesta positiva.

"La mayoría de los operadores no tiene mayores conocimientos de aeronáutica y les cuesta amoldarse a nuestra exigencias de seguridad en materia de estudios, mantenimiento del dron y protocolos, es todo muy nuevo", dicen desde AESA.

Ley "estricta"

La nueva ley de drones de 2017 habilitó los vuelos de drones en zonas urbanas pero fijó los siguientes límites: el dron debe pesar menos de 10 kg, estar en todo momento dentro del alcance visual del piloto y no sobrepasar los 120 metros de altura ni los 100 en horizontal respecto a este. Asimismo, el radio visual de desplazamiento de los drones en ciudad es de cien metros, a una distancia de al menos 50 metros en horizontal de edificios y personas. 

Fuentes de AESA apuntan que se están desarrollando en estos momentos distintas guías que ofrecen mayor concreción sobre los "requisitos técnicos específicos necesarios para que los operadores lo tengan más fácil" a la hora de cumplir con los límites fijados por las normas, sin precisar en este sentido plazos ni objetivos.   

En cualquier caso, inciden desde la Agencia, 30 peticiones de las 160 ya registradas "cumplen con alguno de los requisitos de seguridad" fijados por la ley, y estos casos, dicen las mismas fuentes, "se están analizando ahora en profundidad".

"La legislación ya es de por sí muy estricta, es de las más estrictas del mundo, y tal como está redactada, es muy complicada de entender por muchos, muy interpretable por otros...y poco aplicable desde un punto de vista electrónico. El principal problema es que la Administración tarda mucho en aplicarla", opinan operadores como el presidente de la Asociación Española de Drones y Afines y abogado especializado en tecnología e innovación, Salvador Bellver. "El tema no es solo que no den las autorizaciones sino que muchas peticiones no tienen respuesta de ningún tipo y, pasados seis meses, acaban en silencio negativo como lo permite la ley".

Intrusismo

"Mientras tanto, los operadores profesionales estamos perdiendo trabajos por no recibir la correspondiente autorización", dice el presidente de la Federación Española de Drones (FEDAR), Jerónimo García, que asegura que es en los centros urbanos donde están las principales oportunidades del sector. En medio de este escenario, según los operadores, muchas empresas 'pasan' de las posibles multas - que van de los 4.500 a los dos millones de euros - y deciden saltarse la autorización y/o fingir usos lúdicos para poder ofrecer trabajos en estos ámbitos y subsistir, "mientras los que somos operadores profesionales cumplimos la ley y nos vemos perjudicados".

"El 50% de los trabajos que se realizan actualmente con drones en España son ilegales o carecen de la debida autorización; conozco casos en lo que se pide un trabajo que no se puede hacer y un operador se niega, y al otro día va otra empresa y lo hace", dice Bellver. García eleva el porcentaje de trabajos ilegales a un 90%. 

Desde AESA dicen no tener constancia de estos datos. Aún así, afirman haber abierto un total de 184 expedientes sancionadores (el dron se empezó a regular en 2014), aunque reconocen que dichos expedientes solo se limitan a casos certificados. Existen otros en los que no se producen sanciones, según AESA, por las dificultades 'técnicas y legales' para identificar al piloto responsable del dron al no existir un registro nacional de pilotos, sino solo de operadores. 

Sin sanción, por ejemplo, han acabado denuncias que han hecho los operadores sobre el uso en urbano de un dron en la grabación de un spot para las elecciones de 2015 de Rita Barberá,de otro en un acto de campaña del PSOE en Valencia ese mismo año o de un discurso del Rey, además de grabaciones hechas por diferentes programas de televisión como Masterchef o las entrevistas de Bertín Osborne.

"Dice AESA que no interpone denuncias porque no son policías pero pero parece que tampoco quieren sancionar, hay miles de vídeos de drones ilegales dando vueltas", se lamenta García, haciéndose eco de la página de Facebook 'Vídeos con drones ilegales'. "Lo que pedimos es que la ley sea aplicable y paguen los que no la cumplan", dice Bellver, que señala limitaciones técnicas de la Administración. "La tecnología ya permite el 'aeroscop', esto es, los antidrones que detectan zona, altura y número de serie de drones en un radio de kilómetros, pero con suerte hay uno o dos en toda España".

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