Las 'irregularidades' en la contratación pública costaron, al menos, 1.700 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente un estudio en el que analiza la contratación pública en España y expone algunas de las irregularidades que le acompañan, tanto en el marco estatal como en el autonómico y el local. El organismo pone el foco, entre otras cosas, en los sobrecostes que ocasiona en las arcas públicas el que las Administraciones convoquen procedimientos no abiertos (negociados, restringidos y diálogos competitivos). Sólo entre 2012 y 2016, supusieron 1.771 millones de euros.

La autoridad de competencia explica que el 75,4% de la contratación pública en España se realiza mediante procedimientos abiertos, mientras que el resto se adjudica en diferentes modalidades.

Precisamente, es con estos últimos contratos con los que se muestra crítica, dado que, haciendo un "cálculo conservador", suponen a la Hacienda pública un coste de 354 millones de euros al año.

Para la CNMC, la opción por procedimientos 'no abiertos' debe reservarse para los casos en los que la pérdida de eficiencia económica esté justificada por la obtención de otra clase de ventajas, "que deben quedar suficientemente detalladas y documentadas". Es decir, se debe optar por las licitaciones abiertas, siempre que sea posible, dado que concurren más candidatos y las Administraciones obtienen ofertas más ventajosas.

Hasta el 20% del PIB

Según las estimaciones y los años, la contratación pública supone entre el 10% y el 20% del PIB español. Los procedimientos presentan "carencias en términos de competencia y de eficiencia" que -tal y como afirma la CNMC- han sido señaladas por diferentes organismos internacionales y conviene que sean subsanadas.

El regulador ha identificado la falta de acceso, transparencia y publicidad en las licitaciones como uno de los problemas que provoca “una menor tensión competitiva y una eficiencia menor en la contratación pública de lo que sería deseable”. Por ello, recomienda a las Administraciones Públicas que la adquisición de bienes y servicios descanse, "en la medida de lo posible, en procedimientos abiertos, transparentes y competitivos".

El Ejército de Tierra es el órgano de contratación que tiene más frecuencia de contratos con un único participante (18,1%).

El informe que ha elaborado incide en que tan sólo el 51% de los ayuntamientos y el 59% de las comunidades autónomas cumplen con la normativa y publican las convocatorias de licitación y los resultados de la forma adecuada. En una parte de los casos, se ofrecen cifras erróneas o se omiten.

Uno de los factores que suele derivar en un encarecimiento de los costes es la falta de "intensidad de la competencia". En el 33,6% de los casos que se han analizado en el sector público estatal sólo hay un licitador, en el 15,3% hay dos ofertas; y en el 15,9%, tres. Sólo en el 35,3% de los lotes el número de participantes es igual o mayor a cuatro.

El Ejército de Tierra es el órgano de contratación que tiene más frecuencia de contratos con un único participante (18,1%), seguido del Ejército del Aire (7,2%), la Armada (5,1%), la Secretaría de Estado de Defensa (5%), el Ministerio de Defensa (3,9%), la Secretaría de Estado de Cultura (3%), la Subsecretaría de Defensa (2,8%) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2,5% cada una).

Más competencia en los procedimientos abiertos

El informe explica que el coste de los procedimientos abiertos es, de media, el 13% inferior a los contratos de obras, el 7% a los de servicios y el 1,4% inferior a los de suministro, con respecto a los procesos no abiertos.

El número de participantes también varía, dependiendo del tipo de contrato. De esta forma, los de obra reciben una media de 12,2 licitadores, los de servicios, de 4,5 y los de suministros, el 2,6%. Como es obvio, los de mayor importe tienen una mayor presencia de participantes.