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Condenan a prisión y a pagar 21 millones al fundador del grupo Zena por evasión

La familia Bravo es considerada una de las responsables de introducir el concepto de hamburguesería y comida americana en España

Un establecimiento de Foster´s Hollywood.
Un establecimiento de Foster´s Hollywood.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera fundador del grupo de restauración Zena, Jesús Bravo Sáez, a cuatro años de prisión y al pago de 21 millones de euros por un caso de evasión de impuestos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, será recurrida por Bravo Sáez ante el Tribunal Supremo, según han confirmado fuentes del despacho Moreno Catena & Venturi, encargado de su defensa.

Los hechos se remontan a los ejercicios 2007 y 2008, y se centran en la actividad de la sociedad Bramen Capital, propiedad de Bravo Sáez al 51 % y de su mujer, con el restante 49 %.

A través de Bramen Capital, la pareja poseía -entre otros muchos activos- una participación del 12,76 % en el grupo Zena, considerado ya entonces el líder del segmento de restauración multimarca en España, con cerca de 400 establecimientos y una facturación superior a los 300 millones de euros.

La compañía gestionaba las marcas Foster's Hollywood, Cañas & Tapas e Il Tempietto, así como franquicias de Burger King y Pizza Hut.

La familia Bravo es considerada, de hecho, una de las responsables de introducir el concepto de hamburguesería y comida americana en España al montar en la década de los 70 la cadena "Burger Bravo's", para poco después aliarse con Burger King en su desembarco en el país, en lo que fue el origen del grupo Zena.

Los Bravo ya habían vendido parte del grupo y mantenían una participación del 12,76 % con un valor contable de 7,8 millones de euros, según figura en la sentencia, en la que se recuerda que la empresa presentó en 2006 una opa por Telepizza que concluyó sin éxito, en medio de las tensiones ya existentes entre los diferentes accionistas.

En el marco de esa oferta, Bravo Sáez informó de su intención de transferir sus acciones en Zena a una nueva sociedad también controlada por él, Caroco Holding, con el objetivo "de no comprometer su patrimonio a eventuales ampliaciones de capital elevadísimas". De hecho, de haber salido adelante la opa se calcula que tendría que haber aportado 81 millones de euros.

Finalmente, Bramen Capital vendió su participación en Zena a Caroco a cambio de 12 millones de euros en verano de 2016, aunque las autoridades consideran que se trató de una operación "simulada". Apenas seis meses después, la familia se deshizo por completo de su participación en el grupo de restauración al vender por 28,75 millones de euros su paquete a otros dos accionistas: los fondos CVC e Inveralia.

Posteriormente, Caroco Holding concedió préstamos a una tercera sociedad (Dynamo Investment) por valor de 28,3 millones de euros, importe que recuperó, pero con tasas de interés "absurdas"; en opinión de Hacienda esas operaciones también fueron "contratos simulados".

"Sociedades en el extranjero"

El fallo considera probado que Bravo Sáez y su esposa crearon "distintas sociedades en el extranjero" y acometieron toda una serie de "negocios simulados" a sabiendas de que su paquete accionarial en el grupo se iba a revalorizar de forma sensible meses antes de venderlo.

El objetivo de esta estrategia era "desplazar fuera de España unas plusvalías que se preveían como ciertas, aunque se desconociera con exactitud su cuantía", lo que dio lugar a un delito contra la Hacienda Pública.

De hecho, el fundador de Zena -hoy controlada por la mexicana Alsea- y su pareja figuraban oficialmente como residentes fiscales en Reino Unido, aunque el juez determina que debían tributar en España, ya que en 2007 y 2008 "tenían el núcleo principal de sus intereses y actividades económicas" en el país.

La Audiencia condena a Bravo Sáez por varios delitos contra Hacienda: le impone dos años de prisión y una multa de 4,16 millones por el impago del IRPF de 2017 y otros dos años de cárcel, más una sanción de 10,17 millones, por no abonar el impuesto de sociedades correspondiente a ese mismo ejercicio.

Además, en concepto de responsabilidad civil le condena a pagar otros 2,08 millones por el IRPF y 5 millones más por el impuesto de sociedades.

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