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El espionaje industrial: entre la ambición y la aprensión

La investigación por parte de unas empresas a otras de forma ilegal para llevar a cabo una competencia desleal está protegida por la ley y puede conllevar penas de cárcel y sanciones económicas.

Imagen de documentos triturados.
Imagen de documentos triturados. CC.

En el sector industrial hay una ley no escrita: El mayor enemigo de una empresa es otra empresa. Y no precisamente por la oferta de sus productos, sino por los riesgos que corren las compañías de ser plagiadas, imitadas o, incluso, espiadas. En mayor o menor medida, todas están expuestas al riesgo de que se descubra su ventaja comercial. A través de técnicas ilícitas y poco morales, pueden conseguir desde herramientas de producción, hasta los propios productos o servicios ofrecidos por la competencia.

Es lo que se conoce como espionaje industrial. Empresas que investigan a otras, de forma ilegal, para llevar a cabo una competencia desleal, generando daños y perjuicios. Pero estas entidades dedican dinero y tiempo en desarrollar productos o herramientas propias que tienen derecho a salvaguardar. Por eso, estos actos delictivos ya están protegidos por la ley y, dependiendo del caso, pueden conllevar penas de cárcel y multas elevadas.

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, que regula la violación de secretos industriales, considera desleal la divulgación o explotación de estos secretos sin autorización de su titular tanto por parte de una empresa o individuo ajeno que los haya obtenido a través del espionaje, como por aquél que haya tenido acceso legítimamente a ellos pero con deber de reserva. En este sentido, se protegen desde procesos de producción sofisticados, hasta las propias listas de clientes.

Por ejemplo, en 1993, siete directivos de Opel se fueron a Volkswagen, la competencia directa, y General Motors, grupo al que pertenecía Opel, les denunció por espionaje industrial, por lo que Volkswagen tuvo que pagar 100 millones de dólares y realizar un pedido de más de mil millones en piezas de automóviles. Aunque más descarado fue un trabajador de Gillete que mandó dibujos de la nueva maquinilla de afeitar de la compañía a la competencia para “vengarse” de su jefe.

Tan culpable es el que lo ha descubierto ilegalmente, como el que ya lo conocía, como un empleado

Tan culpable es el que lo ha descubierto ilegalmente, como el que ya lo conocía por mantener algún vínculo con la empresa afectada, como un empleado, y lo ha desvelado. No obstante, para que esta ley lo ampare, la violación se ha debido producir con la intención de obtener un beneficio o de perjudicar al titular de este secreto; y la empresa ha debido establecer previamente las cláusulas de confidencialidad y las medidas de seguridad oportunas.

El Código Penal, en su artículo 278 y sucesivos, también recoge los delitos de espionaje industrial y difusión, revelación o cesión de secretos de una empresa y los sanciona con penas de 1 a 5 años de cárcel, en función de cómo se emplee esta información. Pero también ampara la propiedad industrial e intelectual a través de sus artículos 273 y 274, y establece penas de prisión de 6 meses a 2 años y multas en función de la capacidad económica del infractor, el beneficio obtenido y el perjuicio causado.

Noelia García, de Abogados PortaLey, insiste en la importancia de diferenciar entre propiedad industrial e intelectual, pues la primera recoge únicamente patentes registradas. “Hay que tener en cuenta qué es lo que se ha plagiado, un producto patentado o una herramienta intelectual, porque no es lo mismo, las segundas entran dentro de la propiedad intelectual y las penas son diferentes”, asegura.

En este sentido, los bienes que se vayan a utilizar y estén registrados como patentes estarán protegidos jurídicamente por la ley de propiedad industrial, y el uso ilegal del mismo o del procedimiento objeto de este producto patentado, será penado. Además, Noelia García apunta la necesidad de detectar quién tiene la responsabilidad última, la persona que ha cometido el delito, que en pocos casos será una compañía en su totalidad.

Aunque parezca una cuestión aislada, son numerosos los casos que se han dado en los últimos años. Uno de los más sonados es el de Ferrari y McLaren, cuando en 2007 un ingeniero de la primera compañía filtró documentos a la escudería británica. Mike Coughlan, jefe del equipo de diseño de McLaren y Nigel Stepney, el ingeniero de Ferrari, fueron despedidos; y, aunque no hubo pena de cárcel, se obligó a la empresa británica a pagar 100 millones de dólares y se les expulsó del Mundial.

La mayoría de las filtraciones se llevan a cabo por personas que se encuentran vinculadas con la empresa, generalmente como empleados, pero no son todas. Ya en 2010, Google denunció un robo de su propiedad intelectual por parte de China, que había accedido, a través de un ataque informático, a cuentas de Gmail de activistas de derechos humanos chinos para obtener información privada. Gracias a credenciales o conocimientos de programación, se pueden descubrir los secretos industriales más recónditos.

Un plagio entre paisanos

Similar es la historia de Zure Leku, una empresa de publicidad guipuzcoana que nació en 2003 con la producción y edición de mapas virtuales para internet, principalmente enfocada a ayuntamientos vascos y comunidades limítrofes. Esta compañía ofrece sin coste sus callejeros interactivos a las administraciones locales, y se financia a través de la publicidad. Su gerente, Miguel Ángel Arriola, confiesa que, al principio, este callejero inicial “no estaba mal para la época, pero tampoco era una maravilla”.

Por eso, en 2009 decidieron saltar al mercado de nuevo con algo innovador: La navegación a través de diferentes capas, para que los ayuntamientos pudieran ofrecer toda la información a la vez sin que resultase confuso; y la accesibilidad a estos planos digitales a personas con visión reducida. Tardaron en hacerlo casi un año, pero mientras enseñaron los prototipos a las autoridades de diferentes municipios para que pudieran ir probándolos.

Todo iba sobre ruedas hasta que llegaron al Ayuntamiento de Tudela, donde, como siempre, depositaron en los responsables la confianza precisa para ofrecerle las claves de acceso al gestor, y que pudiese así visualizar su nuevo proyecto con detenimiento. Cuál fue la sorpresa del equipo de Zure Leku que, a las pocas semanas, otros municipios no estaban interesados en su producto porque ya habían contratado a otra empresa de Rentería, Nekar Vectorial, que aparentemente ofrecía exactamente las mismas prestaciones.

Desde Zure Leku comenzaron a investigar la lista de entradas a la información confidencial e interna de la empresa. Descubrieron entonces que había varios accesos registrados desde el Ayuntamiento de Tudela y, más tarde, desde la empresa competidora Nekar Vectorial. Inmediatamente, la compañía afectada acudió a los juzgados para comprobar las direcciones IP y, seguidamente, a denunciar los hechos. Pero la empresa renteriana había ganando tiempo, y ya estaba dando varias ruedas de prensa por diferentes municipios y vendiendo los mapas digitales plagiados.

No han solicitado indemnización, les basta con el “descrédito en el mercado” y el aviso a todos los ayuntamientos

“Entraron en nuestra página web protegida con nuestra clave, que le dio el concejal de Tudela, y copiaron todo lo que pudieron, que no era todo, porque lo demás era más difícil”, asegura Miguel Ángel Arriola. La denuncia tardó unos años en procesarse, pasando por la Audiencia Provincial y, finalmente, en mayo de 2017, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia favorable para Zure Leku.

En su fallo, el Alto Tribunal dicta que se debe comunicar la sentencia a los 31 ayuntamientos que han establecido vínculos comerciales con la empresa infractora y la condena a "remover la situación generada" por sus actos "ilícitos". Nekar Vectorial "copió las características técnicas novedosas de los planos de alto contraste visual ideados y creados por Zure Leku y los publicó inmediatamente en su página web", relata el Supremo.

Por su parte, la empresa afectada no solicitó indemnización ni compensación económica, pues le basta con el “descrédito en el mercado” y el aviso a todos los ayuntamientos. “Era un prototipo secreto. No es algo que está en el mercado y se copia, sino que alguien ha entrado en nuestra fábrica y lo ha plagiado”, añade Arriola. Ahora están trabajando en otros tipos de accesibilidad para personas con problemas de movilidad y para ciegos, y esperan no volver a pasar por lo mismo de nuevo.

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