CNMC

La ley del embudo con la CNMC: permite hacer política, pero no dar clases gratis

La Oficina de Conflictos de Intereses mantiene un expediente abierto contra una consejera por haber ejercido la docencia de forma gratuita durante 3 meses. En casos anteriores, como el de un consejero que pertenece a un lobby energético o el del otro que estuvo en la Junta Directiva del Partido Popular, no observó irregularidades

Sede de la CMNC.
Sede de la CMNC. Tere García

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, mantiene desde hace un año un procedimiento abierto contra una consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Pilar Canedo, por haber impartido clases de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Deusto mientras ejercía su cargo en el regulador. Lo hizo sin percibir remuneración alguna por su labor y tras haber pedido permiso al regulador para efectuar tal actividad. Sin embargo, los altos cargos de la CNMC tienen dedicación exclusiva, de ahí que la posición de esta consejera esté pendiente de la resolución de este conflicto, calificado como “muy grave”. Es decir, podría conllevar la expulsión de su puesto.

Se da la circunstancia de que en el pasado se han producido otros hechos controvertidos, relacionados con la actividad de los consejeros, que la Oficina de Conflictos de Intereses ha pasado por alto. El exdirector de Competencia del organismo, Antonio Maudes, realizó el pasado septiembre una consulta oficial en relación con las posibles infracciones de la ley de incompatibilidades de altos cargos que pudieron cometer los exmiembros de este órgano Eduardo García Matilla y Fernando Torremocha.

El segundo, según reveló eldiario.es, figuraba como miembro de la Junta Directiva del Partido Popular durante el ejercicio de su cargo. En un primer momento, las fuentes oficiales de la formación confirmaron la pertenencia de Torremocha a este órgano. En un segundo, lo atribuyeron a un error. En cualquier caso –denuncia Antonio Maudes-, su nombre sigue apareciendo en la web del partido.

En el caso de Eduardo García Matilla, Vozpópuli reveló en 2015 que antes de ejercer de consejero del regulador fue propietario de la empresa Corporación Multimedia S.A., que tan sólo entre 2005 y 2009 realizó trabajos por valor de alrededor de 1 millón de euros para Telefónica, una de las empresas sobre las que García Matilla tenía que tomar decisiones. No hay que olvidar que, en 2014, un voto particular de este consejero se opuso a que la telco adquiera Digital Plus.

Mientras en estos casos la Oficina de Conflicto de Intereses no puso ‘peros’, sí lo ha hecho en el que está relacionado con Pilar Canedo. En primer lugar, porque le denegó la posibilidad de dar clases en la Universidad de Deusto sin cobrar, algo que la consejera ha recurrido a los tribunales. En segundo lugar, porque sobre esta vocal pende un expediente sancionador por haber desarrollado esta actividad lectiva de 50 horas, durante 3 meses, a finales de 2017.

Posible expulsión

La supuesta infracción cometida tiene un carácter “muy grave”, por lo que podría derivar en la expulsión de Canedo del organismo si así lo decidiera este departamento ministerial. El procedimiento sancionador caducó hace unos meses y fue reabierto el pasado julio, casualmente, tan sólo unos días después de que esta consejera emitiera un voto particular en el que lamentaba que la Administración no hubiera sido expedientada, dentro de un caso de irregularidad en la contratación pública que derivó en multas millonarias para varias empresas tecnológicas.

La CNMC se ha personado como parte dentro del expediente contra Canedo y lo ha hecho para defender a la consejera, en esencia, porque considera que la actividad docente que realizó no alteró el ejercicio de su función, ni mucho menos puso en jaque la independencia del organismo.

Desde su Departamento deControl Interno lamentan el espíritu con el que se concibió la ley que regula el ejercicio de los altos cargos (Ley 3/2015), que es más laxa que la anterior (Ley 5/2006) a la hora de dar permiso a quienes han terminado su función pública para ejercer en el sector privado (lo que se ha llamado las puertas giratorias), pero que, a su vez, resulta más restrictiva sobre actividades más ‘inofensivas’, como la docencia.

De hecho, el Consejo de Estado lo advirtió en 2013, en un párrafo que no fue tomado en consideración por el Congreso, entonces, con mayoría del Partido Popular: “Se aprecia, en la redacción del apartado referido, cierta reducción del ámbito objetivo de aplicación de la limitación respecto de la prevista en el artículo 8 de la Ley 5/2006, que dispone que tal limitación opera respecto de empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado, concepto que resulta materialmente más amplio que el proyectado”.

El caso de RTVE

Un ejemplo reciente que avala esta tesis es el del fichaje del expresidente de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez, como consejero de la Cadena COPE. Según adelantó Vertele, la Oficina de Conflictos de Interés dio el visto bueno a su contratación, pese a que apenas si hacía tres meses desde que había terminado su mandato. Lo hizo al considerar que los acuerdos que se suscribieron entre 2014 y 2018 entre RTVE y la radio de la Conferencia Episcopal no los rubricó él de su puño y letra, sino los departamentos Corporativo y Comercial. Según los juristas de la CNMC, este tipo de situaciones no cabían con la anterior ley.

El exdirector general de Competencia se muestra especialmente crítico con el criterio seguido por la Administración con Pilar Canedo y lamenta el efecto que pudiera tener sobre la consejera este expediente, que se ha alargado en el tiempo mucho más que lo habitual. 

En una sucesión de mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, se pregunta si la docencia sin remuneración supone una infracción más grave que la pertenencia a un lobby energético como es la Asociación Española de Derecho de la Energía (AEDEN), de la que forma parte el consejero Mariano Bacigalupo -marido de la ministra Teresa Ribera- desde el pasado enero, como figura en su web.

A este respecto, Maudes se expresa con dureza: "No se puede ser comprensivo con el que es del partido 'correcto' y perseguir al que no lo es". 

Cabe recordar que el Gobierno confirmó en su cargo recientemente a la responsable de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor María López Laguna, a la que designó para su cargo el anterior Ejecutivo.

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