Publicado: 04/06/2019 05:15
Eran algunas de las principales editoriales del país, reunidas alrededor de la asociación ANELE. Rubricaron un documento, al que llamaron 'código de conducta' que fijaba las líneas rojas que ninguna de ellas debía traspasar para que nadie saliera especialmente perjudicado por las prácticas de la competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y las Comunicaciones (CNMC) les ha impuesto multas por valor de 32,2 millones de euros por estos hechos, que fueron denunciados por la editorial Vicens Vives, que hasta julio de 2012 formó parte de ANELE. Las acciones de estas empresas se desarrollaron dentro del mercado de los libros de texto no universitarios.
En las más de 200 páginas que componen la resolución de la CNMC, se incluyen varias de las comunicaciones electrónicas que mantuvieron los miembros de esta organización durante varios años. En ellas, entre otras cosas, se detalla el 'pacto de no agresión' al que llegaron las editoriales para que no se dispararan sus costes con la concesión de dádivas a los centros educativos y a los profesores.
Estos obsequios se entregaban cuando se alcanzaban acuerdos comerciales con los centros educativos; y consistían desde en el regalo de pizarras electrónicas y ordenadores portátiles, hasta en la formación de los profesores para utilizar el material tecnológico. En la resolución, se detalla cómo las editoriales negociaron entre sí sobre la conveniencia de agasajar a los profesores con libros gratuitos para sus hijos.
En uno de los correos electrónicos interceptados por los instructores del regulador, enviado dentro del Grupo SM, incluso se habla de apoyar a las congregaciones religiosas para intentar aumentar las ventas en los colegios concertados.
En uno de los correos electrónicos interceptados por los instructores del regulador, enviado dentro del Grupo SM, incluso se habla de apoyar a las congregaciones religiosas para intentar aumentar las ventas en los colegios concertados.
La CNMC considerada probada la existencia de acuerdos o prácticas concertadas entre las editoriales competidoras para el reparto del mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios en España. También la fijación de determinadas condiciones comerciales y el intercambio de información sensible en relación con las ofertas que realizan ellas mismas y sus directos competidores a las entidades de enseñanza. De ahí que justifique las sanciones millonarias a los 34 sellos editoriales implicados.
La empresa que puso los hechos en conocimiento del regulador, Vicent Vives, recibió denuncias por competencia desleal después de abandonar ANELE y renunciar a cumplir su 'código de conducta'. Dado que ha colaborado con la CNMC, no ha recibido una sanción, pese a que formó parte hasta 2012 de la citada asociación.
Cartas a los colegios
Entre los fragmentos de la resolución más significativos se encuentran los que muestran las presiones que ejercían las editoriales sobre los colegios para tratar de retenerlos como clientes. En algunos casos, llegaron a acusar a funcionarios de cometer un delito de cohecho por aceptar que en los tratos con las editoriales incluyeran el regalo de pizarras electrónicas.
Estas misivas -enviadas por burofax en ocasiones- lograron "acojonar" a los directores de los colegios, tal y como se jactan los comerciales de algunas de las editoriales en los correos. En la resolución, se reproduce uno de los mensajes que se remitían a los centros:
“Aceptar este tipo de regalos comprometería seriamente los deberes, principios de conducta y principios éticos recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (artículos 52 a 54) con la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, conllevara sanciones como: la separación del servicio, despido disciplinario, suspensión de empleo y sueldo, etc.- y ello sin perjuicio de que pueda llegar a considerarse como un comportamiento tipificado en los artículos 419,420 o 424, entre otros, del código penal”.
Para el regulador de la competencia, con estos mensajes, las editoriales de ANELE pretendían que los centros escolares no aceptaran ofertas comerciales y, en consecuencia, se eliminara la competencia del mercado.
Los precios del sector
En la resolución se incide en que el sector del libro facturó 2.317,2 millones de euros en España en 2016, de los que el sector de los libros de texto no universitarios lograron 856,04 millones de euros, es decir, el 3,1% más que en el ejercicio anterior.
El precio medio de los libros de texto con formato papel fue el 47,9% más caro que la media de los volúmenes editados en el mercado, mientras que en el caso del digital, fue el 78,7% mayor.
En este último terreno, la CNMC ha demostrado que las editoriales, a través de ANELE, establecían cuotas mínimas -de 10 euros se muestra en un correo- para las licencias digitales, lo que, obviamente, contribuyó a mejorar las perspectivas de facturación de los implicados.
Los grupos editoriales multados fueron Anaya, Bromera, Edelvives (que sufrió presiones hasta que se unió a ANELE), SM y Santillana. Esta última, propiedad del Grupo Prisa y la cual recibió la mayor sanción -casi 9 millones de euros- ya ha anunciado que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional.
Entre las empresas implicadas también se encuentran las editoriales BYME, Macmillan, Laberinto, Editex, Edebé, Mc Graw Hill, OUP, Pearson y Teide. La propia ANELE deberá afrontar el pago de 180.000 euros por estos hechos.
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