Guerra del taxi Fomento prepara un decreto urgente para prohibir especular con licencias de Uber y Cabify

La norma impedirá que las licencias, obtenidas de forma casi gratuita en vía contencioso administrativa, se puedan vender o alquilar en 2 años

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna EFE

El Ministerio de Fomento ha anunciado este lunes que tramitará de forma inmediata un real decreto para impedir la especulación con licencias VTC, las que son utilizadas principalmente para vehículos de Uber y Cabify. El secretario de  Estado para Fomento, Julio Gómez Pomar, ha comunicado esta medida a la federación Fedetaxi, que lleva tiempo pidiendo actuaciones similares.

Según ha dicho Miguel Ángel Leal, presidente de la asociación de taxistas, "Fomento ha transmitido que, como medida para evitar la burbuja especulativa en el mercado de VTC, mediante un Real Decreto se impedirá que, quien adquiera una VTC pueda transmitirla o arrendarla en un plazo de dos años desde que le sea concedida". En los últimos años y hasta noviembre de 2015 ha habido una falla en la legislación que ha permitido que se adjudiquen muchas nuevas licencias por vía judicial, lo cual ha beneficiado enormemente a empresas que han hecho negocio con ellas revendiéndolas, como por ejemplo la propia Cabify.

El secretario de Estado no ha dado fechas aunque sí ha dicho que se aprobará de forma urgente y se ha comprometido, a personarse ante el Tribunal Supremo apoyando a las comunidades autónomas contra los casos de mayores peticiones de VTC, como ya han hecho la Generalitat de Cataluña y Comunidad de Madrid, según asegura Leal.

El Gobierno había contemporizado en la necesidad de intervenir en el mercado hasta que la escalada de protestas con algún episodio aislado de violencia ha precipitado los acontecimientos. Las organizaciones taxistas llevan tiempo llamando la atención sobre la forma supuestamente irregular y carente de transparencia en que se están adjudicando licencias de VTC, que se producen mediante procesos contenciosos donde la autoridad judicial acaba concediendo a los demandantes unas licencias que pueden valer unos 3.000 euros. Debido a casos especialmente llamativos como los del empresario Juan Ortigüela, con varios miles de peticiones, la fiscalía de la provincia de Málaga ha decidido actuar para ver si encuentra algún hecho irregular en este procedimiento.

Mientras tanto, algunos colectivos taxistas han convocado otra huelga para el próximo 29 de junio.



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