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Asedio a El Prat: las aerolíneas podrán pedir compensaciones al Estado y la Generalitat

Protestas en el aeropuerto de El Prat

La sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo ha convertido el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en el epicentro de las protestas. En apenas tres días, el aeropuerto ha tenido que cancelar más de 150 vuelos después de que una oleada de manifestantes independentistas colapsaran las instalaciones. No solo los viajeros pueden reclamar, las aerolíneas también.

"La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público regula la responsabilidad por el funcionamiento deficiente de cualquier Administración, reconociendo el derecho a recibir indemnización por los perjuicios sufridos", explica Javier Domínguez Calatayud, abogado especialista en Derecho Administrativo del Bufete Mas y Calvet.

Dado que la convocatoria "se difundió desde 'Tsunami Democràtic', que sólo es un nombre sin consistencia jurídica que la respalde", el abogado señala que "parece imposible individualizar responsabilidades concretas de las personas físicas que participaron en los sucesos". Es decir, la reclamación “en ningún caso” se puede dirigir contra personas o cargos específicos. "Cualquier reclamación por responsabilidad patrimonial ha de dirigirse contra la Administración presuntamente responsable", subraya.

Para emprender acciones legales, las aerolíneas deben demostrar (y aquí está el quid del asunto) que los perjuicios sufridos derivan de un mal funcionamiento de los servicios públicos. "Es decir, habría que acreditar que las Administraciones implicadas (el Estado y la Generalitat) tenían medios para impedir lo sucedido, sin producir daños peores”, explica el abogado, que también advierte de que no todo vale para conseguirlo: "No tendría sentido alegar, por ejemplo, que la Legión podría haber asaltado El Prat a bayoneta calada y se podría haber cerrado el espacio aéreo del sector".

En cualquier caso, el abogado señala que se trata de un procedimiento complejo y con dificultades para prosperar, pero la posibilidad está ahí y serán las aerolíneas las que decidan si finalmente deciden llevar a la Administración a los tribunales. Otras fuentes del sector consultadas recuerdan que el reglamento europeo 261/2004 obliga a las compañías aéreas a asistir a los pasajeros y asumir los gastos en caso de denegación de embarque o de cancelación o retraso de los vuelos, sean o no ajenos a su responsabilidad.

Vueling, la más expuesta

Según los datos proporcionados por Aena, Vueling, Ryanair, EasyJet e Iberia son las cuatro aerolíneas que más pasajeros mueven en el aeropuerto catalán. En septiembre, un total de 5,1 millones de pasajeros pasaron por El Prat.

En ranking lo encabeza Vueling con 1,9 millones de pasajeros. La compañía tiene su base de operaciones en la Terminal 1 (donde se concentraron las manifestaciones) y ha sido la aerolínea más afectada.

Por número de operaciones le sigue Ryanair con 699.268 pasajeros, EasyJet con 111.875 e Iberia con 165.687 usuarios. En total, se han cancelado 155 vuelos, 110 el lunes y 45 el martes. De estos últimos, la mayoría estaban asociados a los retrasos y cancelaciones del lunes.

Las protestas paralizan Cataluña

Además de las manifestaciones en El Prat, este miércoles arrancaron las Marxes per la Llibertat (marchas por la libertad), que se extenderán hasta el viernes.

Las marchas, organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, han salido desde Vic, Berga, Gerona, Tárrega y Tarragona y prevén encontrarse este viernes en Barcelona. Cada una de ellas recorrerá unos 100 kilómetros y por ahora han provocado cortes en hasta seis carreteras. Una sexta marcha, esta vez organizada por los Comités de Defensa de la República (CDR), partirá este mismo viernes desde Castelldefels.

Por otra parte, los sindicatos afines al independentismo, Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), han hecho un llamamiento a la huelga general este viernes. Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) se han desmarcado de esta convocatoria, que aunque se ha 'vendido' con el objetivo de reclamar mejoras laborales, no es baladí que coincida con el fallo del Supremo.

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